El Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha decretó la suspensión provisional del Acuerdo 011 de 2025 expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se otorgaban facultades a la alcaldesa para modificar el presupuesto correspondiente a la vigencia 2026.
La decisión judicial se fundamenta en que el presupuesto público no constituye un simple trámite administrativo, sino un acto de naturaleza constitucional, sujeto a reglas estrictas de competencia y control democrático. En ese sentido, el despacho recordó que la Constitución establece que corresponde exclusivamente a los concejos municipales expedir el presupuesto anual y definir las apropiaciones.
Si bien la Ley permite que se otorguen facultades pro tempore al alcalde, el juzgado advirtió que dicha delegación no puede vaciar ni sustituir la competencia presupuestal propia de la corporación edilicia. Tras la confrontación inicial entre el contenido del Acuerdo 011 de 2025 y las normas superiores invocadas en la demanda, el despacho consideró que existe una posible contradicción jurídica suficiente para decretar la medida cautelar de suspensión provisional.
El fallo también señala que permitir que el acto administrativo continúe produciendo efectos durante toda la vigencia fiscal 2026 podría generar modificaciones presupuestales cuya legalidad quedaría en entredicho, afectando la seguridad jurídica y el principio de legalidad del gasto público.
Cabe resaltar que la medida adoptada es de carácter cautelar y no constituye una decisión definitiva sobre la nulidad del Acuerdo. El proceso continuará su curso hasta que se emita un fallo de fondo. No obstante, el pronunciamiento judicial envía un mensaje claro sobre los límites en materia presupuestal: las competencias asignadas por la Constitución no son flexibles ni delegables de manera amplia, pues forman parte de las reglas estructurales del Estado de Derecho.
Por su parte, el demandante Luis Alonso Colmenares manifestó su satisfacción con la decisión judicial y aseguró que, en caso de que el Acuerdo sea anulado en sentencia definitiva, interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se revise la actuación de los miembros del Concejo Municipal.
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