La entidad solicitó a la Fiscalía investigar las amenazas, a la UNP evaluar el nivel de riesgo del funcionario y a las plataformas digitales actuar frente a contenidos que inciten a la violencia.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo frente a una serie de mensajes intimidatorios y contenidos que promueven actos violentos contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, difundidos en las últimas semanas a través de redes sociales desde cuentas anónimas.
La entidad, dirigida por Iris Marín Ortiz, manifestó su respaldo al funcionario y a todos los integrantes de la organización electoral, al considerar que este tipo de amenazas no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que también pueden afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
Según la Defensoría, los mensajes se han difundido en medio de acusaciones de presunto fraude electoral y cuestionamientos contra el Registrador Nacional, algunos de los cuales se realizan por fuera de los mecanismos institucionales establecidos para presentar denuncias e inconformidades.
Llamado a ejercer el derecho a cuestionar por las vías institucionales
La entidad recordó que en una democracia es legítimo que los ciudadanos y sectores políticos expresen observaciones, críticas o cuestionamientos frente a los procesos y resultados electorales.
Sin embargo, señaló que estas manifestaciones deben realizarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales establecidos, sin recurrir a amenazas, hostigamientos o llamados a la violencia.
La Defensoría también advirtió sobre la creciente violencia en los espacios digitales, señalando que este fenómeno puede generar riesgos para la vida y la integridad de las personas, además de afectar la participación democrática y deteriorar el debate público.
Solicitan intervención de la Fiscalía y la UNP
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo formuló varias solicitudes a las autoridades.
A la Fiscalía General de la Nación pidió adelantar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de las amenazas y determinar si algunas de las expresiones difundidas podrían constituir delitos.
Asimismo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar o reevaluar el nivel de riesgo de Hernán Penagos y de los funcionarios de la Registraduría Nacional que puedan estar expuestos a este tipo de amenazas.
La entidad también hizo un llamado a las plataformas digitales para que actúen con diligencia frente a publicaciones que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, aplicando las medidas de moderación y retiro de contenidos que correspondan.
Finalmente, la Defensoría pidió a las instituciones, organizaciones políticas y diferentes sectores de la sociedad rechazar cualquier forma de violencia contra las autoridades electorales.
El pronunciamiento se produce en un momento en el que la discusión sobre los procesos electorales y sus resultados mantiene una alta intensidad en redes sociales, escenario en el que las autoridades buscan evitar que las diferencias políticas deriven en amenazas contra funcionarios o instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.
