Gobierno aprobó el 73 % de las solicitudes presentadas por las víctimas de despojo y abandono de predios

 El Gobierno nacional, por medio de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adelantó una reorganización de los procesos administrativos y jurídicos, lo cual le permitió a la entidad pasar de negar el 65 % de las solicitudes de predios despojados o abandonados a aprobar el 73 % de las peticiones presentadas por las víctimas. Esta transformación llevó a que la entidad entregara en el 2024 más de 70.000 hectáreas de tierra restituidas a víctimas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, con lo cual se fortaleció el liderazgo del Gobierno para dar cumplimiento a las órdenes en favor de las víctimas del conflicto armado. Al respecto, el director de la URT, Giovanni Yule, le dijo al programa ‘Entrevistas con alma de país’, de la Presidencia de la República, que el alto nivel de rechazo de las solicitudes de restitución llegó a preocupar al Ministerio Público. “Cuando recibimos la URT, la entidad estaba negando el 65 % de las solicitudes y por eso había un llamado de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. Por eso nos pusimos a revisar y vimos que en realidad había formas, mecanismos de más bien torpedear, negar la posibilidad de que la solicitud pudiera transitar libremente en el ejercicio administrativo para que se pudiera materializar el derecho”, recalcó. Agregó que las transformaciones realizadas han llevado a la materialización de los derechos fundamentales de las víctimas. “Hemos venido haciendo todos los ejercicios que nos permiten a nosotros hacer las transformaciones y los cambios desde la Unidad para avanzar en la posibilidad de materializar ese derecho que significa restituir, no solamente el espacio físico, la palabra, la historia, todos los derechos fundamentales: restituir la vida espiritual, social y cultural de las familias y de toda la gente que ha sido desafortunadamente despojada en el marco del conflicto y la violencia en nuestro país”, agregó. Asimismo, manifestó que la reorganización de los procesos ha beneficiado a los grupos étnicos afectados por el despojo en el marco del conflicto.