JEP llama a versión a antiguos altos mandos del Batallón La Popa por muerte y tortura de 3 mamos

 Dos antiguos integrantes del Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, el capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo y el teniente coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo, fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP a aportar verdad por la tortura, desaparición y homicidio de tres mamos del Pueblo Arhuaco y la detención ilegal y tortura de dos indígenas de la misma comunidad, en 1990. La versión, que se realizó en un espacio sagrado del pueblo arhuaco, se da en el marco del Caso 09 que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos en el marco del conflicto armado. En la audiencia, frente a las víctimas, la magistrada Caterina Heyck, ahondó en lo sucedido a los mamos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro (quienes fueron detenidos por hombres armados en Curumaní, Cesar, luego torturados y finalmente asesinados) y a los hermanos indígenas José Vicente y Amado Villafañe Chaparro (detenidos y torturados en el Batallón ‘La Popa’), a finales de noviembre y comienzos de diciembre de 1990. Previo a la audiencia, la magistrada Heyck adelantó una reunión de diálogo y coordinación interjurisdiccional con autoridades del Pueblo Arhuaco, en el que resaltaron las graves afectaciones que los hechos causaron en su autonomía, Gobierno, pervivencia y espiritualidad. La Justicia Penal Ordinaria abrió investigación por estos hechos, pero no pudo avanzar debido a que el proceso fue asignado a la Justicia Penal Militar, la que, a su turno, en el año 1993, declaró que los dos militares no eran responsables. Dada la impunidad del caso, y por solicitud de los familiares de las víctimas, en 1997, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y ordenó adelantar una investigación seria y reabrir los procesos contra los militares. Más tarde, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía reactivar el proceso, razón por la cual, la Corte Suprema de Justicia revisó la absolución de la Justicia Penal Militar y en el año 2019 ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación, entidad que declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad.