El ente abrió varias indagaciones en su programa “Transparencia para la emergencia”. Gobernador de La Guajira no ha sido notificado de ninguna apertura de investigación de la Contraloría

"Nemesio Roys Garzón, Gobernador de La Guajira"

Fuente: Diario del Norte

"El ente abrió varias indagaciones en su programa “Transparencia para la emergencia”. Gobernador de La Guajira no ha sido notificado de ninguna apertura de investigación de la Contraloría"

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19 se ha diseñado una estrategia que ha permitido trabajar de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que han actuado de manera oportuna al aunar sus capacidades para dar continuidad al programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”.

Para tal efecto se crearon las mesas técnicas permanentes con participantes de las tres instituciones, quienes en el marco de sus competencias priorizan el estudio de casos que generan alertas en cada una de ellas, con el fin de cooperar y fortalecer las investigaciones relacionadas con los recursos públicos destinados para la población afectada por la pandemia.

Por esto, la Contraloría General de la República comenzó a tomar medidas por los presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas por gobernadores y alcaldes del país para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Según la entidad, en La Guajira hay dos casos de procesos disciplinarios. Empero, Nemesio Roys Garzón, Gobernador de La Guajira, informó que no ha sido notificado de ninguna apertura de investigación por parte de los entes de control sobre los recursos que se han invertido para atender la emergencia.

“No tenemos ninguna notificación oficial de apertura, pero lo que hay que hacer es seguir reportando toda la información a los entes de control”, expresó.

Convocatoria 

El mandatario dijo sentirse tranquilo, porque desde el primer momento que arrancó la emergencia con todo el equipo de Gobierno, especialmente la oficina de contratación y jurídica, los contratos los han firmado y verificado, además de que se publican de manera inmediata y en la medida que se cumple con ese protocolo se tiene “tranquilidad”.

“Estoy tranquilo cualquier persona, cualquier ente puede hacer su revisión respectiva y puede aclarar cualquier inquietud”, manifestó.

Sobre el costo de las ayudas humanitarias que ha entregado su administración, dijo que desde que arrancó la contratación se ha trabajado con el menor valor con cotizaciones como la de grandes superficies como precio de referencia que también se utiliza en el mercado y los organismos de control.

“Siempre hemos sido claro de cómo buscar unos precios que sean mucho más económicos y que dentro de un solo contrato se incluya todo el servicio como el de la provisión de alimentos, del empaque de toda la entrega y eso hace que el servicio sea integral y es mucho más eficiente”, puntualizó.

Agregó que las entregas no se hacen en solitario, siempre se cuenta con el acompañamiento de la Policía, el Ejército, los funcionarios de las alcaldías, porque eso le da más seguridad al proceso y a la Administración Departamental.

Explicó que todo lo que hacen es debidamente verificado por las áreas competentes, y es lo que se ha reportado a todos los entes de control cuando la han solicitado de tal forma que puedan contar con la información y sus soportes.

“Los entes de control deben hacer todas las investigaciones que son propias, ese es el rol de las entidades de control, pero en la medida en que avancen con las investigaciones y cuentan con las informaciones es mucho más claro para ellos por cualquier duda o inquietud que tengan”, dijo.

En ese mismo sentido, el Gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, aseguró que desde que arrancó la emergencia todos los organismos de control han solicitado la información que se está entregando en tiempo real, y subiendo en la plataforma que ellos habilitaron.

“Hemos reportado toda la información, todos los oficios, vimos la imagen de un mapa donde salen dos investigaciones pero hasta el momento no tenemos ninguna notificación oficial de apertura”, volvió a reiterar.

Otras regiones

Sin embargo, la Contraloría General de la República abrió un primer proceso de responsabilidad fiscal, contra el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo (por $1.050 millones), y, además, ordenó la apertura de 27 indagaciones preliminares, donde se verificará si hay mérito para adoptar o no igual decisión.

Además, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió 20 indagaciones preliminares, en casos que fueron declarados de impacto nacional. Y a su vez la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal abrió otras 7 indagaciones preliminares y evalúa 19 casos más, de los cuales 4 corresponden al departamento de Cesar.

La Gobernación del Cesar está siendo indagada por posible sobrecosto en el contrato CD-SGR-0571-2020 suscrito con Fundación Visión Caribe para la adquisición de 2.900 kits de mercados para la atención de la población vulnerable, entre otros contratos que adquirió la Gobernación.

También el municipio de Chiriguaná, Cesar, por posible sobrecosto el contrato de suministro 002 de 2020 del 25 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y Saúl Téllez Pabón, para el suministro de ayudas humanitarias.

Asimismo, Sincelejo, Sucre, por posibles sobrecostos y daños derivados de la ejecución en los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 celebrados con las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS.

En la lista que emitió la entidad también se encuentra el municipio de Malambo, Atlántico, donde investigan presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato suscrito por $4 mil millones, con la Fundación Lirio de los Valles, cuyo objeto es el suministro de mercados básicos para la población vulnerable (80 mil paquetes alimentarios).

Entre la investigación también está Puerto Escondido y Montería, en Córdoba, así como otras localidades que son indagadas por sobrecostos en contratos en medio de la pandemia.