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| "La audiencia contra el alcalde Fabio Velázquez y la exsecretaría de Educación, Dilcey Acosta se realizó en el Palacio de Justicia de Riohacha" |
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| "Alcalde de Riohacha, Fabio Velázquez" |
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| "Exsecretaría de Educación, Dilcey Acosta" |
Fuente Diario del Norte
"Cabe anotar que los involucrados no estuvieron presentes en la audiencia, por lo que la presenciaron desde Bogotá por medios virtuales"
En
audiencia desarrollada en el Palacio de Justicia del Distrito, un juez
manifestó no tener potestad ante la petición de la Fiscalía General de la Nación,
que pretendía cambiar el lugar de radicación del proceso que se sigue al
alcalde titular de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, y la exsecretaria de Educación,
Dilcey Acosta, para enviarlo a la ciudad de Bogotá.
La
audiencia que se desarrolló en la capital Guajira contó con la presencia de los
abogados María Velandia y Carlos Arturo Velásquez Santos, quienes actuaron en
representación del alcalde de Riohacha; así como Rafael Suarez y Fabián Cotes,
defensores de Dilcey Acosta, además de un delegado del Ministerio de Educación Nacional
y el representante del Ministerio Publico.
Cabe
anotar que los involucrados no estuvieron presentes en la audiencia, por lo que
la presenciaron desde Bogotá por medios virtuales.
La
cita tuvo lugar en la sala 101 del Palacio de Justicia, donde el juez Primero
Penal Municipal con la función de conocimiento de Riohacha le indicó a la Fiscalía
que el caso de los funcionarios solo se podría trasladas hasta otro estrado si
así lo cree conveniente la Corte Suprema de Justicia.
Desde
el inicio, el fiscal Carlos Eduardo Castañeda Crespo solicitó que se
suspendiera la vista judicial, puesto que desde el 29 de Junio la Fiscalía
pidió el cambio de radicación por temor a que se presente una situación de alteración
al orden público en el lugar.
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María
Velandia, apoderada de Velásquez Rivadeneira,
aseveró que “por capricho de la Fiscalía no se puede trasladar un proceso que
tiene como lugar de cita el espacio
donde presuntamente se cometieron los
delitos”.
Asimismo,
la Fiscalía pidió la suspensión inmediata del proceso ya que posiblemente se puede dar una nulidad del encuentro por violación
de garantías de derechos fundamentales.
Ante
esta situación, el juez de turno informó que la petición del ente acusador correspondía
a “una falta de respeto” con las partes, y determinó que no se encontraba
ningún obstáculo para llevar a cabo la audiencia en Riohacha.
La
decisión del togado estuvo sujeta a que “La Guajira es uno de los departamentos
menos corrupto de Colombia, sin herir susceptibilidades, esto no quiere decir
que no se presente, pero sí puedo decir que aquí no se hallan tantos casos como
en otras partes del país”.
En
el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía explicó que a los funcionarios se
les acusa de peculado, por presuntamente poner en riesgo la vida de niños y
niñas por el mal manejo de un contrato del – PAE – en el Distrito.
Según
el fiscal, al documento se le encontraron varias irregularidades, el cual fue
aprobado por la secretaria de Educación, Dilcey Acosta, y celebrado por el
mandatario distrital en el 2016.
“El
alcalde no estudió al contratista siendo este el convenio con mayor valor en
toda su administración, además no revisó los términos de la propuesta, el
proveedor no inició en el tiempo estipulado, no cumplió con los lugares que se
pretendía atender y varias de las aulas no contaban con requerimientos mínimos
que debían ser subsanados antes que el programa se pusiera en marcha”, sostuvo
el fiscal.
Precisó
que la evaluación obligatoria que debía ejecutar la secretaria de Educación
distrital no se realizó, donde se tenía que analizar el programa y a los
contratistas para su selección.
“El
convenio se hizo a conveniencia de una de las partes, ya que se celebró un
contrato con una empresa que no tenía la capacidad monetaria ni la estructura
para llevarlo a cabo, por esta razón ambos funcionarios faltaron a sus
funciones administrativas”, aseveró Castañeda Crespo.
Ante
lo expresado por el ente acusador, la defensa de Velásquez Rivadeneira solicitó
la entrega del material probatorio para analizarlo y así acudir a la próxima
audiencia.
Hasta
el 15 de Septiembre se estableció el termino máximo para entregar material
demostrativo, el cual deberá ser enviado en medio magnético y físico, este
último incluye copias y escáneres que
correrán por gastos de la Fiscalía.
Es
de mencionar que en el encuentro no se estipuló la fecha de la siguiente
audiencia que determinará el futuro del alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira, y
la exsecretaria de Educación, Dilcey Acosta.
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