Fuente: El Universal
NACIONAL: Un documento en poder de la justicia sugiere que la Fiscalía General habría pasado por alto una advertencia sobre un plan para asesinar al Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ataque ocurrido el pasado 8 de Junio en Bogotá, según información de Semana.
La revelación plantea un escenario de posible negligencia institucional que hoy está en el centro del debate político y judicial. La alerta fue remitida el 26 de Mayo del 2025 por un interno de alto perfil recluido en la cárcel de Itagüí, Antioquia.
Según la información, que quedó registrada en un despacho de crimen organizado, el recluso describió un plan que incluía a varios dirigentes de la derecha colombiana como posibles objetivos.
Entre ellos estaban el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, la concejala Claudia Carrasquilla, el Senador Jota Pe Hernández y el precandidato Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la documentación, el complot estaría financiado con 8 millones de dólares que habrían sido destinados por estructuras de las Farc y Guerrillas del Pacífico. Sin embargo, el reporte nunca habría sido trasladado ni a la Policía Nacional ni a los responsables de la protección de Miguel Uribe. Segunda advertencia tampoco fue atendida
El caso se agrava con una segunda alerta, emitida el 3 de Junio desde Montería, que tampoco habría tenido respuesta oportuna. Cinco días después de ese aviso, el Senador fue víctima de un ataque armado en la capital.
La concejala Claudia Carrasquilla, mencionada como objetivo en los informes, envió una carta a la Directora seccional de fiscalías en Medellín, Esperanza Amaya Pascuas, en la que denunció que la omisión “sería una negligencia gravísima que logró cobrar la vida de nuestro Senador” y exigió la renuncia inmediata de la funcionaria.
Consultada por Semana, la Fiscalía aseguró que no encontró en sus registros la información advertida por la Alcaldía de Medellín, aunque sí confirmó que existían amenazas previas contra Álvaro Uribe Vélez y que en su momento se activaron protocolos de seguridad del Ejército.
No obstante, la administración distrital insiste en que la alerta sobre Uribe Turbay estuvo disponible en un despacho de crimen organizado por casi dos semanas sin que se tomaran medidas.
Fallas en el esquema de seguridad
Tras el atentado, la Fiscalía y la Policía Nacional asumieron la investigación bajo la hipótesis de un ataque político. Más de 1.000 videos fueron revisados y se tomaron múltiples testimonios. El proceso permitió establecer que el pago por ejecutar el disparo ascendió a 20 millones de pesos.
Hasta el momento, seis personas han sido capturadas, entre ellas Élder José Arteaga, alias El Costeño, señalado como el nexo entre los autores materiales e intelectuales.
La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseguró que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el Senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia”.
La familia del Senador también presentó una denuncia contra el Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Su abogado, Víctor Mosquera, sostuvo que en al menos veinte ocasiones se solicitó un refuerzo en el esquema de seguridad, pero la respuesta fue negativa.
Rodríguez reconoció públicamente deficiencias en la protección, al admitir que “siete personas de protección y dos vehículos blindados no son suficientes para una persona precandidata presidencial”.
El Presidente Gustavo Petro, por su parte, expresó que el día del ataque ocurrió una reducción inexplicable en el número de escoltas, pasando de siete a tres, lo que calificó de “extraño” y pidió que se indague a fondo.
La Fiscalía confirmó que Augusto Rodríguez será citado para explicar cómo se diseñó el esquema de seguridad y esclarecer posibles omisiones.
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