En 1995, las Farc asesinaron a tres campesinos de la parcelación La Estrella, zona rural del corregimiento Las Palmitas en La Jagua de Ibirico. Esta situación obligó a que el matrimonio conformado por los hoy difuntos Sixto Criado y Celia María Montaño vendieran su predio de más de 30 hectáreas, marcado con el número 26, para desplazarse a un lugar más seguro en la cabecera de este municipio del Cesar. Antes de formalizar el forzado negocio por su parcela, la familia Criado Montaño soportó un intento de reclutamiento del menor de sus seis hijos, a quién insistentemente las Farc querían en sus filas. Estos hechos, sumados a la muerte de sus vecinos, fueron razones de peso para abandonar el predio y con ello, la vocación campesina y de producción que mantenían en el territorio. En dicha época, la presencia de las Farc en La Jagua de Ibirico dejó una marca hechos violentos: por doquier había víctimas de asesinato, extorsión, retención ilegal de campesinos, intimidación y otros crímenes que causaron el desplazamiento forzado de familias campesinas asentadas en esta región. Años más tarde, el conflicto armado interno se agudizó en el centro del Cesar. A finales de los noventa e inicios del presente siglo, a las Farc como actor armado se sumó la participación de diferentes bloques paramilitares, lo que llevó a que la violencia escalara aún más, con el consecuente daño a la población civil. Por supuesto, el corregimiento de Las Palmitas, en el municipio de La Jagua de Ibirico, no fue ajeno a esta escalada. De hecho es una de las zonas rurales del departamento de Cesar más afectadas por el conflicto. Esta jurisdicción es de ubicación estratégica por pertenecer al área de influencia minera, por lo que fue disputada por estos grupos al margen de la Ley. Las 31 hectáreas, entregadas por los jueces y los colaboradores de URT a los hijos de la familia Criado Montaño, forman parte de las más de 1.700 que históricamente han sido devueltas a las familias campesinas en La Jagua de Ibirico. Este municipio, históricamente golpeado por la violencia, presenta un total de 46 sentencias de restitución de tierras en más de 13 años de gestión de la Unidad. Casi la mitad de ellas, 22, han sido logradas durante el Gobierno nacional, restituyendo alrededor de 800 hectáreas. En los departamentos de Cesar y La Guajira, el trabajo de los equipos misionales de la URT avanza con atención permanente en los territorios. Los impulsos procesales y el relacionamiento con organizaciones de víctimas, con jueces, magistrados y con las entidades del Snariv, hacen más efectiva la gestión administrativa en favor de quienes padecieron el conflicto. Un ejemplo de esto es el alcance que reporta la entidad en La Jagua de Ibirico, municipio en el que se inscribieron 303 solicitudes con más de 8.000 hectáreas reportadas al Rdtdaf, de las cuales 5.000 han sido reclamadas para restitución, a partir de 111 procesos gestionados por la URT Cesar - La Guajira.
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