27 de mayo de 2017

Enfrentan limitaciones frente a los servios básicos e identificación. Defensoría del Pueblo pide "mínimos de protección” para emigrantes venezolanos

"La solicitud fue realizada por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento a los compromisos en materia de derechos humanos"
"Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret"

Fuente Diario del Norte


"La solicitud fue realizada por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento a los compromisos en materia de derechos humanos"

La Defensoría del Pueblo pidió que se les garantice “unos mínimos de protección” a las personas que llegan de Venezuela, al advertir sobre limitaciones que enfrentan para el acceso a los servicios básicos e identificación.

El Gobierno “debe garantizar unos mínimos de protección en el país, en cumplimiento a los compromisos internos e institucionales en materia de derechos humanos y también en reciprocidad por la solidaridad ofrecida por muchos países a los migrantes colombianos y las victimas que salieron del país a causa del conflicto armado”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.


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Tras la visita a las regiones limítrofes, la Defensoría advirtió en un comunicado que los Colombianos que retornan “tienen dificultades para la identificación de sus hijos nacidos en Venezuela, debido a la exigencia legal de documentos que en el contexto actual no se pueden obtener”, en el vecino país.

Esta circunstancia limita el disfrute de sus derechos como nacionales colombianos. Y es particularmente grave en el acceso de los niños a la educación y la salud, que en el mejor de los casos acceden al servicio de urgencias”, según ese despacho.

La entidad humanitaria informó, de igual forma, que las personas que retornan “requieren de acceso prioritario a las medidas de atención y reparación integral debido a que están en una situación de vulnerabilidad manifiesta”.

En el caso de las familias compuestas por colombianos y venezolanos, se dificulta al acceso de los miembros extranjeros “a un estatus regular en Colombia, debido a los altos costos del visado”, lo que les impide trabajar de forma regular y “los exponen a la explotación laboral y a riesgos para mantener la unidad familiar”.

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