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| "Oneida Pinto Pérez, exgobernadora de La Guajira, aseguró que se encuentra tranquila y demostrará su inocencia ante la justicia" |
Fuente Diario del Norte
"Un Juez de conocimiento, en segunda instancia, definirá si revoca o confirma la medida de aseguramiento en centro carcelario"
El Juez 35 de control de garantías de Bogotá impuso medida de
aseguramiento en centro carcelario a la exgobernadora de La Guajira, Oneida
Pinto Pérez por petición de la Fiscalía y la Procuraduría.
El togado consideró como validos los argumentos de la Fiscalía,
que señalaban que la exmandataria representaba un peligro inminente para la
investigación y la sociedad, por la injerencia política y social que tuvo en
Albania, donde en el 2012 suscribió un convenio por 18 mil 900 millones de
pesos con el Hospital San Rafael para reducir la mortalidad infantil. Los
fines, eran políticos, según el ente acusador.
"Se dan los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento
en contra de la exgobernadora por su presunta participación en los delitos de
peculado, falsedad de documento, celebración de contratos sin cumplimientos de
requisitos, e intereses indebido en celebración de contratos. Por lo cual no es
posible garantizar su libertad", señaló el juez.
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La medida más eficaz e idónea para cumplir con los fines
constitucionales es la solicitada por parte de la Fiscalía, en centro de
reclusión, sostuvo el juez.
"No sería cómo se indica, suficiente esa detención en el
domicilio de Oneida Rayeth Pinto Pérez para garantizar los fines
constitucionales que se han indicado de riesgo de obstruir a la justicia y el
riesgo para la comunidad".
En este sentido, como lo denunció el ente acusador, advirtió
que "la no comparecencia al proceso, el peligro que representa para la
comunidad, las victimas, y la posibilidad de que presione testigos, no permite
que se imponga la medida de aseguramiento de detención preventiva
domiciliaria", como lo pidió el abogado defensor de Pinto Pérez, Antonio
Luis González, quien dijo que su apoderada era madre cabeza de familia a cargo
de sus dos hijos menores de edad.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría se mostraron conformes
con la decisión tomada en primera instancia. Por su parte la defensa apeló.
Argumentos de la defensa
"Me di la pela, como dicen en el mundo coloquial, de
entregarle al juez cinco hojas, donde hice el ejercicio académico de decirle
cuáles eran las declaraciones favorables, cuáles eran las desfavorables y
cuáles las que hoy decían sí y mañana decían no, con el fin de que él tuviera una idea, un aporte
de la defensa, y pudiera hacer el ejercicio integral. Pero el juez escogió solo
a las personas que mencionó aquí, de ellas sacó todo lo que dicen de Oneida y
concluyó que con eso había inferencia razonable, sumado a los contratos, el
informe de Policía Judicial y los documentos", argumentó González.
Para la defensa, a Oneida Pinto se le violó el debido proceso
enviándola a prisión, señaló que la decisión no fue imparcial.
"Así no se puede, en un Estado Social de Derecho tomar
una decisión parcelada, una decisión que representa la balanza de la justicia,
la balanza es equilibrio. El juez no puede ser un notario de la defensa, no
puede creer en todo lo que diga la Fiscalía ni la Procuraduría; el juez está
obligado a tomar los elementos materiales probatorios, completos, sin faltar
ninguno, valorarlos todos y decir 'llego a esta conclusión'. No importa si
manda a la cárcel o no, pero se necesita que sea total, no sesgadamente".
Ante tal situación, será un juez de conocimiento quien
defina, en segunda instancia, si revoca, como pide la defensa, o deja en firme
la medida de aseguramiento en contra de la exmandataria departamental.
Habló Oneida Pinto
La exgobernadora Oneida Pinto aseguró que se demostró que
este proceso hace parte de una persecución política en su contra, puesto que no
existen las pruebas necesarias para determinar su relación con las
irregularidades en los convenios.
"El departamento de La Guajira debe estar tranquilo, que
yo demostraré mi inocencia. Es una persecución política y lo pudimos demostrar;
en el expediente no existen en los materiales necesarios para probar que cometí
peculado", dijo Oneida Pinto.
Asimismo, la exmandataria fue enfática en exponer que Yankeller
Hernández no solo deberá responder por los delitos administrativos que se le
imputa, sino por otros que se revelarán próximamente.
"No existen las pruebas de que yo que determiné a un
señor alcalde, quien entregó una versión en el 2012 y ahora en el mes de marzo
la cambió. No entendemos porque lo que se le cree lo que dice ahora, a quien
debe responder por los delitos contra la administración pública y otros que la
comunidad de Albania sabe cuáles son, que la gente le va a sacar", agregó.
Pinto Pérez aseguró que no le valieron su condición de madre
cabeza de familia, argumento bajo el cual había solicitado ser beneficiada con
una medida de aseguramiento domiciliaria.
"Estoy tranquila en Dios, estoy vestida de rojo como lo
hacemos los guajiros cuando estamos felices. Hemos sentido que la justicia
colombiana nos está violando y desconociendo que soy madre cabeza de familia,
para poder permitir desde mi casa que soy inocente. Esta solo es una
imputación, es una presunta responsabilidad", aseveró.
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