8 de marzo de 2017

El Procurador aseguró que tienen responsabilidad en la crisis de La Guajira. Contratistas en el Departamento están bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación

"Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez"

Fuente Diario del Norte


"Se ha dicho tradicionalmente que solo investigábamos a los funcionarios, pero realmente las mafias de contratación de la alimentación tiene gran parte de la responsabilidad de la crisis que se ha venido presentado en La Guajira"


Luego de la visita de una comisión especial que inspeccionó las presuntas irregularidades en los contratos de alimentación escolar y salud en el departamento, contratistas del Estado y operadores privados en La Guajira estarán bajo la lupa del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien advirtió que los privados tienen injerencia directa con la crisis humanitaria que atraviesa La Guajira.

“Se ha dicho tradicionalmente que solo investigábamos a los funcionarios, pero realmente las mafias de contratación de la alimentación tiene gran parte de la responsabilidad de la crisis que se ha venido presentado en La Guajira y estamos iniciando esas investigaciones”, precisó Carrillo Flórez.

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El representante del Ministerio Público tuvo en cuenta las recomendaciones de la Procuradora delegada para la infancia, la adolescencia y la familia, Sonia Téllez Beltrán, y la jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría, Catalina Balcázar, quienes viajaron hasta la Alta Guajira a inspeccionar de primera mano la situación actual de los menores, adultos mayores y madres gestantes de la comunidad indígena Wayuu.

Cabe anotar que, presuntamente, la desatención de la población en los últimos cuatro años ha cobrado la vida de por lo menos cinco mil integrantes de esta comunidad. Por esto, la gran preocupación de Carrillo se concentra en la administración del Plan de Alimentación Escolar – PAE –, por la que abrió investigación preliminar a los exalcaldes de Riohacha Rafael Ricardo Ceballos y de Uribia, Abel José Giacommetto, por las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos y la entrega de alimentos en mal estado.

Algunas de las empresas que están en la mira de las autoridades son – UT – Nutrisantander, Consorcio Cauca 2015; Corporación Social y Educativa Paz y Futuro, Corporación Gestión del Recurso Social y Humano – ONG – y la Asociación de Mujeres productoras de Cárnicos.

El Ministerio Público tiene en su poder copias de contratos y las inspecciones hechas a los mismos por el Ministerio de Educación y el – ICBF –.

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