Para el ente, es irresponsable invertir recursos para unas elecciones atípicas. - MOE - solicitó sanción para Cambio Radical por aval a Oneida Pinto Pérez

"Alejandra Barrios, Directora del – MOE –"

Tomado por Diario del Norte

"La – MOE – también realizó serios cuestionamientos al mecanismo utilizado por Cambio Radical, partido que representó Oneida Pinto en las pasadas contienda electoral, para entregar avales"

Luego de la nulidad de la elección de Oneida Pinto Pérez como Gobernadora de La Guajira por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Misión de Observación Electoral – MOE – aseguró que las elecciones atípicas para escoger al nuevo mandatario departamental podría tener un costo que oscila entre los 4 mil y 8 mil millones de pesos.

“Es claramente una irresponsabilidad mayúscula que en medio de la crisis social y de pobreza extrema que tiene un departamento como La Guajira, los recursos del Estado vayan a destinarse a una elección atípica, pese a todas las advertencias hechas sobre estas candidaturas con suficientes anticipación”, sostuvo Alejandra Barrios, Directora del – MOE –.

La – MOE – también realizó serios cuestionamientos al mecanismo utilizado por Cambio Radical, partido que representó Oneida Pinto en las pasadas contienda electoral, para entregar avales.

“Cambio Radical tiene que adoptar medidas drásticas tendientes a redefinir los estándares y procedimientos que utiliza para la selección de sus candidatos. En tanto no sea capaz, de hacerlo, todos los Colombianos, pero especialmente los de las Regiones más vulnerables, seguirán siendo víctimas de su irresponsabilidad”, agregó la Directora de la Misión de Observación Electoral.

Asimismo, la – MOE – visibilizó la necesidad de que se implemente un Tribunal Especial para lo Electoral, con el fin de resolver de forma más inmediata y directa las controversias “que surjan en el marco del proceso electoral”.

La – MOE – recordó que el CNE, una vez conocido el fallo del Consejo de Estado, puede sancionar a Cambio Radical con acciones que van desde la suspensión de la financiación estatal, la cancelación de espacios en medios de comunicaciones, la imposibilidad de inscribir candidatos en las circunscripción de La Guajira, hasta la cancelación de la personería jurídica del partido.