La Procuraduría General de la Nación notificó al Consejo Nacional Electoral que diez candidatos, entre ellos ocho aspirantes al Concejo de igual número de municipios, estarían con presuntas inhabilidades, luego de hacer la validación de los datos de cada uno de los inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En el Sistema de Información de Registro de Sanciones, Siri, la Procuraduría General de la Nación reportó dos aspirantes a la Junta Administradora Local de Riohacha así como ocho candidatos al Concejo de Uribia, Distracción, Villanueva, Hatonuevo, Barrancas, Manaure, Riohacha y Dibulla.
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| "Janeth Restrepo, actual Concejal de Villanueva, presenta fallo fiscal" |
El Siri es el sistema que agrupa la información que reportan los diferentes operadores que imponen sanciones y que han quedado debidamente ejecutoriadas, ya sean disciplinarias, penales, derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, procesos de responsabilidad fiscal, declaraciones de pérdida de investidura y sanciones impuestas en el ejercicio a profesiones.
El Consejo Nacional Electoral iniciará las correspondientes actuaciones administrativas para verificar si los candidatos reportados están inhabilitados o si las anotaciones reportadas en el Siri fueron revocadas en alguna instancia.
La Procuraduría informó que algunos candidatos estarían en incursos de causales de inhabilidad de acuerdo al artículo 40 de la Ley 617 de 2000, la cual establece que no podían inscribirse como candidatos ni ser elegidos concejal de su municipio, debido a que habrían sido condenados por sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Los afectados con esta ley son los siguientes: Álvaro Ismael Cotes García, candidato al concejo de Uribia por el Partido Cambio Radical; Juan José Daza, de Distracción, por el Partido de la U; Roberto Carlos Polanco Ustariz, Partido Alianza Verde de Hatonuevo; Carlos Mario Peláez, Partido Conservador Colombiano de Barrancas; Francisco Antonio Lubo Aguilar, Partido Alianza Social Independiente –ASI– de Manaure; y Elkin Rafael Molina Padilla, Partido Liberal Colombiano de Dibulla. La mayoría de ellos reflejan las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco años por los entes de control o de judicialización.
Para el caso de Óscar Javier Sánchez Granados, candidato al Concejo de Riohacha por el Centro Democrático, también lo inhabilita el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues presenta cuatro anotaciones, entre ellas: proceso ejecutivo singular con letra de cambio ante el Juzgado Municipal Civil de Santa Marta, demandado por Dary Luz Vesga Cobo; demanda de alimentos ante el juzgado del circuito de familia de Santa Marta instaurada por Kennys Gil Redondo; proceso ejecutivo singular ante el juzgado municipal – civil de Santa Marta, demando por la Cooperativa de crédito y servicio comunidad, ‘Coomunidad’, y finalmente embargo emitido por el juzgado civil de Santa Marta por valor de $23.400.000, siendo el demandante el Banco Popular.
La actual concejal y también aspirante a esa corporación de Villanueva por el Partido Liberal, Yaneth del Pilar Restrepo Pabón, la estaría inhabilitando el parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 debido al juicio de responsabilidad fiscal emitido por el Contralor Departamental de La Guajira, con fallo condenatorio emitido el 20 de mayo de 2015.
Geronel Manuel Toro Epiayú, candidato a la Junta Administradora Local del corregimiento de Camarones, municipio de Riohacha, por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, lo estaría inhabilitando el numeral 1 del artículo 124 de la Ley 136 de 1994, que contempla que no pueden aspirar quienes “hayan sido condenados a pena privativa de la libertad dentro de los diez (10) años anteriores a la elección, excepto en los casos de delitos culposos o políticos”.
En el caso de Yainer de Jesús Barros Castro, aspirante a la Junta Administradora Local de la Comuna 1 o Centro Histórico de Riohacha, no puede aspirar al cargo por elección popular debido a que presenta dos demandas de alimentos para menores de edad en los juzgados de familia de Cúcuta, cuya demandante es Luisa Paola Figueredo Sarmiento.
En la siguiente semana, el Consejo Nacional Electoral estará notificando a la Registraduría y candidatos sobre la situación jurídica de los diez aspirantes al Concejo de los diferentes municipios y la Junta Administradora Local de Riohacha, en donde según la Procuraduría estaría incurso en causales de inhabilidad.
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