En horas de la tarde de ayer miércoles 14 de octubre se registró un accidente de tránsito en el que una persona de la etnia wayuú falleció de manera inmediata producto de las heridas que recibió por el fuerte impacto. Los hechos se registraron en la entrada de Manaure, La Guajira, en el sector conocido como La Y o Arroyo, donde al parecer habría sido impactado por un automóvil tipo camioneta cuando la víctima se desplazaba en su motocicleta por este sector. Al lugar de los hechos llegaron las autoridades competentes para verificar lo sucedido y dar inicio a las investigaciones con el fin de determinar conexactitud cómo ocurrió el siniestro vial en el que perdió la vida este hombre wayúu. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo, se espera que haya un informe completo por parte de las autoridades competentes para conocer en detalles lo ocurrido en este trágico hecho en el municipio de Manaure. Asimismo, se pudo conocer que la camioneta Toyota habría sido detenida en el sector, que llevaría turistas con destino a la Alta Guajira, sin embargo, la información no ha sido confirmada por las autoridades competentes.
29 de octubre de 2026
Presentaba un orificio por arma de fuego. Muerte de supervisor de seguridad habría sido un homicidio y no un accidente de tránsito
El dictamen del Medicina Legal en Maicao, descartó en las últimas horas que la muerte de Luis Fernando Carranza Brieva, quien residía en Barrancas, haya sido ocasionada en un accidente de tránsito, ya que al parecer todo apuntaría a que se trata de un homicidio debido a que presentaba un orificio por arma de fuego de entrada y sin salida a la altura de la espalda. El hombre de 33 años, que se desempeñaba como supervisor de vigilancia para una empresa contratista de la Fiscalía seccional La Guajira enFonseca, había sido encontrado sin vida en horas de la mañana del viernes 9 de octubre en una zona cercana a la vía que va de Albania al aeropuerto de la mina del Cerrejón con dirección a Cuatro Vías. Según lo informado en su momento, el hombre fue reportado como desaparecido la tarde del pasado jueves cuando salió en compañía de su pareja hacia el aeropuerto privado, luego de varias horas fue encontrado sin vida junto a su motocicleta, por lo que se había presumido inicialmente que se trataba de un accidente de tránsito, sin embargo, la hipótesis cambió por completo tras los resultados forenses de Medicina Legal. Ante el resultado de la necropsia y los análisis, las autoridades competentes iniciaron nuevamente las investigaciones para determinar los móviles de este hecho, además, dar con los responsables de atacar con arma de fuego al supervisor de seguridad, informaron fuentes ligadas a la investigación. Es de recordar que, esta semana fue sepultado en la Vereda Poo El Tigre, donde sus familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a esta persona que consideraron como un hombre trabajador y siempre atento a su núcleo familiar.
En inmediaciones del municipio de Bosconia. Trágico accidente de tránsito deja cuatro muertos y 17 heridos en la agrupación de "Kbeto" Zuleta
Cuatro integrantes de la agrupación musical del cantante vallenato ‘Kbeto’ Zuleta perdieron la vida en la madrugada del lunes en un trágico accidente de tránsito. El siniestro ocurrió en inmediaciones del municipio de Bosconia (Cesar), cuando los artistas regresaban a Valledupar tras ofrecer una presentación en Sincelejo. Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, reportó el fallecimiento del corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. Por su parte, ‘Kbeto’ Zuleta y los demás integrantes del conjunto resultaron heridos y reciben atención médica en clínicas de Bosconia. ‘Kbeto’ es hijo del juglar‘Poncho’ Zuleta y sigue su herencia musical. Los integrantes Hernando José Noriega Soto y Carlos Andrés Manjarrez Hinojosa, serán trasladados a Valledupar. De acuerdo con las primeras imágenes e informes de las autoridades, el bus en el que viajaban se salió de la vía y cayó del puente sobre el río Ariguaní, en el tramo que comunica a Pueblo Nuevo (Magdalena) con Bosconia (Cesar). El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, informó que el accidente dejó un saldo aproximado de 17 heridos, quienes están siendo atendidos en los diferentes centros asistenciales del municipio.
Para consolidar información sobre la Sentencia T 302 de 2017. Gobernador de La Guajira propuso a la Corte Constitucional Mesa Institucional de alto nivel
E n la audiencia técnica de seguimiento a la Sentencia T 302 de 2017 que se realizó en la ciudad de Riohacha, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, propuso a los magistrados de la Corte Constitucional que, a través de la Consejería Presidencial para las Regiones y en el marco del Mesepp, se impulse una mesa institucional de alto nivel con las entidades accionadas y demás autoridades competentes, para consolidar información sobre inversiones, proyectos, programas, contratos, recursos e intervenciones nacionales vinculadas a la Sentencia T-302 durante 2022–2026. El mandatario explicó que la mesa tendría tres tareas: primero, consolidar y verificar qué se ejecutó, dónde, con cuáles recursos y cuáles iniciativas siguen en curso. Como segundo punto identificar brechas de atención y posibles superposiciones, diferenciando duplicidades injustificadas de actuaciones complementarias. Y tercero, fortalecer la planeación conjunta de la Nación, el Departamento y los municipios, aprovechando capacidades instaladas y orientando nuevas decisiones hacia necesidades pendientes. En su intervención, el mandatario explicó que la Gobernación manifiesta su disposición para aportar la información de su competencia y acompañar ese ejercicio de articulación. Agregó, que la superación del Estado de Cosas Inconstitucional demanda criterios comprobables, diálogo respetuoso con las formas de organización wayuú y coordinación efectiva para proteger los derechos de su niñez. Igualmente, el mandatario contestó los interrogantes de la Corte sobre la metodología utilizada para garantizar la asignación de cupos, beneficios o acceso a programas donde se asegure el principio de universalidad. En ese sentido, indicó que aunque aún no existe una línea base poblacional y territorial integral, unificada y suficientemente depurada, las entidades sectoriales disponen de fuentes y criterios que orientan las intervenciones. Esta ausencia exige mejorar la coordinación, pero no autoriza decisiones basadas exclusivamente en preferencias personales o intermediaciones. En agua potable, la priorización de pozos, pilas públicas y plantas de tratamiento considera cinco elementos: prioridades municipales consignadas en planes de acción; indicadores de morbimortalidad reportados por el Ministerio de Salud; presencia de instituciones etnoeducativas o Unidades Comunitarias de Atención; ausencia de fuentes artesanales o sistemas de abastecimiento; y condiciones hidrogeológicas, incluidos nivel freático, permeabilidad y estabilidad del acuífero. La necesidad define dónde intervenir; la evaluación técnica permite decidir qué solución es viable. La inviabilidad de un pozo no extingue el derecho al agua ni impide estudiar otras alternativas. En salud, los registros de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud permiten examinar la cobertura de aseguramiento y posibles brechas, sin confundir afiliación con acceso efectivo. Para el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, la focalización se articula con el Análisis de Situación de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública y la Atención Primaria en Salud. Se consideran microterritorios de alto riesgo, ruralidad dispersa, comunidades indígenas, emergencias por sequía o desnutrición y entornos de vida cotidiana. Se priorizan primera infancia, niñez, gestantes, grupos étnicos, población vulnerable y personas expuestas a eventos de vigilancia epidemiológica, atendiendo indicadores de morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad. La coordinación del PIC con los Equipos Básicos de Salud y demás actores procura intervenciones complementarias. En alimentación, el Programa de Alimentación Escolar se rige por reglas legales y técnicas. El Simat identifica a estudiantes matriculados en el sistema oficial. Según el reporte sectorial, el Sisbén no se utiliza como filtro general en La Guajira, sin perjuicio de los criterios de priorización nacional. El complemento alimentario depende de la jornada, el nivel educativo y las condiciones de prestación, con particularidades para ruralidad de difícil acceso y educación inicial. El enfoque étnico exige pertinencia cultural. La universalidad orienta la política, pero su cumplimiento debe verificarse mediante registros efectivos de cobertura. Así, existen referentes objetivos de focalización. Sin embargo, demostrar la imparcialidad exige conservar registros, estudios, soportes de decisión y resultados que acrediten cómo se aplicaron en cada intervención. Sobre los mecanismos que se han implementado para asegurar que la asignación de beneficios no dependa exclusivamente de interlocutores cuya representatividad no corresponda a las formas de organización propias del pueblo wayuú, y que la focalización se realice con observancia de los apüshii y del sistema normativo wayuú, el mandatario explicó que la Gobernación desarrolla interlocución directa en territorio, convocatorias abiertas, recepción de solicitudes de personas, familias, comunidades y autoridades, y articulación con municipios y sectores. Igualmente no establece como condición general un vocero único o una designación administrativa previa. Escuchar a distintas expresiones comunitarias no equivale a reconocer unilateralmente la legitimidad de una autoridad ni a conferirle representación general. Agregó, que en educación se dialoga y concierta con autoridades indígenas sobre canasta educativa, PAE y transporte escolar, en los doce municipios no certificados de competencia departamental; respecto de los cuatro municipios priorizados, la información contractual del PAE remitida por el Departamento corresponde a Manaure. En salud se reciben solicitudes individuales sin exigir vocería colectiva y se desarrollan espacios participativos con autoridades indígenas y actores de salud intercultural. Al tiempo explicó que la Secretaría de Asuntos Indígenas orienta y acompaña, sin sustituir las decisiones comunitarias sobre sus autoridades. Participó en espacios del Ministerio del Interior relacionados con el Auto 1743 de 2024 y remitió observaciones mediante oficio Saidg-365 del 12 de diciembre de 2025, sobre representación unipersonal, autoridad propia, vocería operativa y riesgos de injerencia. Según el documento institucional, no había recibido retroalimentación. La selección de beneficiarios compete a los ejecutores conforme a las reglas de cada programa: ningún aval individual sustituye esos criterios.
El agua inundó varias viviendas en diferentes sectores. Más de 20 barrios resultan afectados por las lluvias en Riohacha
Las precipitaciones, que se prolongaron durante aproximadamente una hora, ocasionaron el ingreso de agua a numerosas viviendas, afectando enseres y electrodomésticos. Habitantes reclaman soluciones definitivas ante una problemática que se repite cada año.
Una fuerte jornada de lluvias registrada durante la mañana y la tarde del martes 13 de octubre provocó inundaciones en más de 20 barrios y sectores de Riohacha, capital de La Guajira, dejando calles anegadas y viviendas afectadas por la acumulación de aguas lluvias.
Entre los sectores reportados con mayores afectaciones se encuentran Los Cerezos, Las Tunas, Camilo Torres, Ranchería, Villa Fátima, Claudia Catalina, Nueva Jerusalén, Portal de Cristo, La Laguna y Dividivi. También se reportaron inundaciones en el mercado viejo, el Centro y diferentes vías, entre ellas la calle 20 con carrera 7H, calle 22 con carrera 8 y calle 13 con carrera 20.
De acuerdo con los testimonios de los habitantes, las precipitaciones ocasionaron que el agua ingresara a numerosas viviendas, poniendo en riesgo los enseres, muebles y electrodomésticos de las familias, situación que generó preocupación y malestar entre los afectados.
La emergencia también dificultó la movilidad en diferentes puntos de la ciudad. Una residente del barrio 15 de Mayo manifestó que las calles se encontraban completamente inundadas y que incluso los vehículos de transporte público evitaban ingresar por temor a quedar atrapados en medio de las aguas estancadas.
La ciudadana cuestionó que esta problemática se repita cada año sin que se evidencien soluciones definitivas para evitar las inundaciones durante las temporadas de lluvias.
Hasta el momento de conocerse esta situación, no se contaba con un balance oficial del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Riohacha que permitiera establecer con exactitud el número de barrios afectados y la magnitud de los daños.
Mientras tanto, la preocupación aumenta entre las comunidades, teniendo en cuenta que se esperan nuevas precipitaciones en la capital guajira. Los habitantes hacen un llamado urgente a la Administración Distrital y a los organismos de socorro para que atiendan la emergencia, evalúen las afectaciones y, especialmente, se adopten medidas que permitan solucionar los problemas de drenaje y evacuación de aguas lluvias que mantienen en riesgo a numerosos sectores de Riohacha.
Para consolidar información sobre la Sentencia T 302 de 2017. Gobernador de La Guajira propuso a la Corte Constitucional Mesa Institucional de alto nivel
E n la audiencia técnica de seguimiento a la Sentencia T 302 de 2017 que se realizó en la ciudad de Riohacha, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, propuso a los magistrados de la Corte Constitucional que, a través de la Consejería Presidencial para las Regiones y en el marco del Mesepp, se impulse una mesa institucional de alto nivel con las entidades accionadas y demás autoridades competentes, para consolidar información sobre inversiones, proyectos, programas, contratos, recursos e intervenciones nacionales vinculadas a la Sentencia T-302 durante 2022–2026. El mandatario explicó que la mesa tendría tres tareas: primero, consolidar y verificar qué se ejecutó, dónde, con cuáles recursos y cuáles iniciativas siguen en curso. Como segundo punto identificar brechas de atención y posibles superposiciones, diferenciando duplicidades injustificadas de actuaciones complementarias. Y tercero, fortalecer la planeación conjunta de la Nación, el Departamento y los municipios, aprovechando capacidades instaladas y orientando nuevas decisiones hacia necesidades pendientes. En su intervención, el mandatario explicó que la Gobernación manifiesta su disposición para aportar la información de su competencia y acompañar ese ejercicio de articulación. Agregó, que la superación del Estado de Cosas Inconstitucional demanda criterios comprobables, diálogo respetuoso con las formas de organización wayuú y coordinación efectiva para proteger los derechos de su niñez. Igualmente, el mandatario contestó los interrogantes de la Corte sobre la metodología utilizada para garantizar la asignación de cupos, beneficios o acceso a programas donde se asegure el principio de universalidad. En ese sentido, indicó que aunque aún no existe una línea base poblacional y territorial integral, unificada y suficientemente depurada, las entidades sectoriales disponen de fuentes y criterios que orientan las intervenciones. Esta ausencia exige mejorar la coordinación, pero no autoriza decisiones basadas exclusivamente en preferencias personales o intermediaciones. En agua potable, la priorización de pozos, pilas públicas y plantas de tratamiento considera cinco elementos: prioridades municipales consignadas en planes de acción; indicadores de morbimortalidad reportados por el Ministerio de Salud; presencia de instituciones etnoeducativas o Unidades Comunitarias de Atención; ausencia de fuentes artesanales o sistemas de abastecimiento; y condiciones hidrogeológicas, incluidos nivel freático, permeabilidad y estabilidad del acuífero. La necesidad define dónde intervenir; la evaluación técnica permite decidir qué solución es viable. La inviabilidad de un pozo no extingue el derecho al agua ni impide estudiar otras alternativas. En salud, los registros de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud permiten examinar la cobertura de aseguramiento y posibles brechas, sin confundir afiliación con acceso efectivo. Para el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, la focalización se articula con el Análisis de Situación de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública y la Atención Primaria en Salud. Se consideran microterritorios de alto riesgo, ruralidad dispersa, comunidades indígenas, emergencias por sequía o desnutrición y entornos de vida cotidiana. Se priorizan primera infancia, niñez, gestantes, grupos étnicos, población vulnerable y personas expuestas a eventos de vigilancia epidemiológica, atendiendo indicadores de morbilidad, mortalidad y carga de enfermedad. La coordinación del PIC con los Equipos Básicos de Salud y demás actores procura intervenciones complementarias. En alimentación, el Programa de Alimentación Escolar se rige por reglas legales y técnicas. El Simat identifica a estudiantes matriculados en el sistema oficial. Según el reporte sectorial, el Sisbén no se utiliza como filtro general en La Guajira, sin perjuicio de los criterios de priorización nacional. El complemento alimentario depende de la jornada, el nivel educativo y las condiciones de prestación, con particularidades para ruralidad de difícil acceso y educación inicial. El enfoque étnico exige pertinencia cultural. La universalidad orienta la política, pero su cumplimiento debe verificarse mediante registros efectivos de cobertura. Así, existen referentes objetivos de focalización. Sin embargo, demostrarla imparcialidad exige conservar registros, estudios, soportes de decisión y resultados que acrediten cómo se aplicaron en cada intervención. Sobre los mecanismos que se han implementado para asegurar que la asignación de beneficios no dependa exclusivamente de interlocutores cuya representatividad no corresponda a las formas de organización propias del pueblo wayuú, y que la focalización se realice con observancia de los apüshii y del sistema normativo wayuú, el mandatario explicó que la Gobernación desarrolla interlocución directa en territorio, convocatorias abiertas, recepción de solicitudes de personas, familias, comunidades y autoridades, y articulación con municipios y sectores. Igualmente no establece como condición general un vocero único o una designación administrativa previa. Escuchar a distintas expresiones comunitarias no equivale a reconocer unilateralmente la legitimidad de una autoridad ni a conferirle representación general. Agregó, que en educación se dialoga y concierta con autoridades indígenas sobre canasta educativa, PAE y transporte escolar, en los doce municipios no certificados de competencia departamental; respecto de los cuatro municipios priorizados, la información contractual del PAE remitida por el Departamento corresponde a Manaure. En salud se reciben solicitudes individuales sin exigir vocería colectiva y se desarrollan espacios participativos con autoridades indígenas y actores de salud intercultural. Al tiempo explicó que la Secretaría de Asuntos Indígenas orienta y acompaña, sin sustituir las decisiones comunitarias sobre sus autoridades. Participó en espacios del Ministerio del Interior relacionados con el Auto 1743 de 2024 y remitió observaciones mediante oficio Saidg-365 del 12 de diciembre de 2025, sobre representación unipersonal, autoridad propia, vocería operativa y riesgos de injerencia. Según el documento institucional, no había recibido retroalimentación. La selección de beneficiarios compete a los ejecutores conforme a las reglas de cada programa: ningún aval individual sustituye esos criterios.
Alcalde Genaro Redondo ante la Corte Constitucional. “Llevamos agua a las comunidades para evitar que la gente tenga que ir a buscarla”
Genaro Redondo destacó la instalación, reparación y construcción de microacueductos rurales y solicitó al Gobierno Nacional garantizar el suministro permanente de agua en los centros que atienden a niños en edad escolar.
El acceso al agua potable para las comunidades indígenas wayuu fue el eje central del informe presentado por el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, durante la audiencia de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, convocada por la Corte Constitucional.
En su intervención, el mandatario, quien actuó como vocero de los cuatro municipios vinculados a esta sentencia —Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure—, destacó las inversiones y acciones adelantadas para mejorar el acceso al agua en las comunidades indígenas, mediante la instalación, reparación y construcción de microacueductos rurales.
Redondo explicó que, en coordinación con las autoridades y líderes indígenas, se han identificado sectores prioritarios a partir de criterios técnicos, con el propósito de acercar el servicio de agua a las familias que históricamente han tenido dificultades para acceder a este recurso.
El alcalde expuso la realidad que enfrentan muchas comunidades, donde los niños deben recorrer entre 300 y 800 metros cargando pimpinas y otros recipientes para conseguir agua.
Frente a esta situación, señaló que las intervenciones buscan llevar tuberías directamente hasta los territorios, evitando que las familias tengan que desplazarse largas distancias para abastecerse.
Durante la audiencia, el mandatario también presentó una solicitud al Ministerio de Vivienda y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que respalden acciones territoriales que permitan garantizar el suministro prioritario y permanente de agua en los centros que atienden a niños en edad escolar.
Finalmente, Genaro Redondo reiteró su compromiso de avanzar en las iniciativas que se encuentran en ejecución y fortalecer las acciones institucionales para cumplir con las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, orientada a garantizar los derechos fundamentales de la niñez del pueblo wayuu en La Guajira.
Se reportan 950 familias afectadas. Gobernación de La Guajira activa seguimiento y coordinación institucional ante afectaciones por las lluvias
Riohacha registra afectaciones en 18 barrios, mientras que Uribia y Dibulla también reportan inundaciones. La Gobernación mantiene el monitoreo y la coordinación con las autoridades municipales y organismos de socorro.
Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que se han registrado en diferentes municipios de La Guajira dejan, hasta el momento, un balance preliminar de 4.750 personas afectadas, equivalentes a 950 familias, y 950 viviendas averiadas, de acuerdo con el Reporte Situacional No. 1, con corte al 13 de octubre de 2026.
La información fue entregada por la Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección Operativa para la Prevención, Atención de Emergencias y Desastres, que mantiene el seguimiento a las novedades ocasionadas por las precipitaciones y trabaja de manera articulada con las administraciones municipales y los organismos de socorro.
Uno de los territorios con mayores afectaciones reportadas es el Distrito de Riohacha, donde las lluvias y las inundaciones impactaron 18 barrios: Camilo Torres, María Eugenia, Villa de Campo Alegre, El Prado, Los Deseos, Nuevo Horizonte, Caribe, Nazareth, Aeropuerto, Las Tunas, Matajuna, Comunitario, 15 de Mayo, Los Nogales, San Judas, Nuevo Milenio, Villa Keiner y La Cachaca.
Asimismo, se reportaron lluvias fuertes con inundaciones en los municipios de Uribia y Dibulla, precipitaciones moderadas en Manaure y lluvias de menor intensidad en otras localidades del departamento.
El informe también advierte sobre fallas en el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario de Riohacha durante las precipitaciones, situación que requiere la intervención y el seguimiento de las entidades competentes para establecer las afectaciones y las medidas necesarias.
Como dato positivo, el reporte preliminar señala que, hasta la fecha de corte, no se registran personas fallecidas, desaparecidas ni lesionadas como consecuencia de estas emergencias.
La Gobernación hizo un llamado a las alcaldías, organismos de socorro y entidades responsables de la gestión del riesgo para mantener activos los mecanismos de coordinación, fortalecer los reportes y verificar las condiciones de las comunidades afectadas.
Finalmente, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las orientaciones de las autoridades y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y acumulación de aguas lluvias.
Las autoridades aclararon que este balance es preliminar y podrá modificarse a medida que avance la verificación de los daños y se consolide la información de los municipios.
Se investiga a 25 funcionarios por no cumplir la Sentencia T 302 de 2017. Tres líneas de trabajo de la Procuraduría para cumplirle a la comunidad Wayuú
"El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach"
Fuente: Diario del Norte
"El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach"
"Desde Riohacha, el Jefe del Ministerio Público anunció tres líneas de trabajo para avanzar en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017"
DEPARTAMENTAL: Riohacha, La Guajra. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, presentó en Riohacha una propuesta de trabajo para avanzar en el cumplimiento de los compromisos ordenados por la Corte Constitucional en favor del pueblo Wayuu de La Guajira, en el marco de la Sentencia T-302 de 2017.
El anuncio se produjo durante una audiencia convocada por el alto tribunal para evaluar los avances y las dificultades en la implementación de las medidas dirigidas a garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, especialmente en materia de acceso al agua potable, salud, nutrición y movilidad.
Durante su intervención, Eljach planteó una ruta de trabajo sustentada en tres ejes, con los que busca fortalecer la financiación de las obligaciones pendientes, mejorar la coordinación entre las instituciones y reforzar el acompañamiento a las familias Wayuu.
El Procurador también reveló que, desde el 2017, se han abierto 125 causas relacionadas con posibles incumplimientos de las obligaciones institucionales frente a la población wayuu.
De ese total, 41 cuentan con apertura de investigación y, dentro de este grupo, 25 tienen funcionarios públicos vinculados a los procesos. Según explicó, también hay cuatro casos remitidos por competencia y uno pendiente de apertura.