A nte la Corte Constitucional, la superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, informó que, pese a las diferentes acciones de inspección, vigilancia y control realizadas durante 2025 y lo corrido de 2026, es necesario avanzar en el cierre de las investigaciones administrativas en curso frente a 26 vigiladas y dar traslado de las sanciones ya impuestas a los entes de control correspondientes, según sea el caso. La Superintendente señaló durante la sesión técnica de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 que, aunque los indicadores registrados muestran cumplimiento del plan, persisten situaciones que evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar la atención en salud de los niños y niñas wayuú. En este sentido, señaló que es necesario avanzar en acciones concretas que permitan hacer efectivo su derecho fundamental a la salud, ante evidencias como el reciente caso del fallecimiento de una menor de edad en el municipio de Uribia, frente al cual se adelantan actuaciones para establecer las posibles responsabilidades de las instituciones involucradas. Frente a este hecho, la Superintendencia adelanta actuaciones para establecerlas posibles responsabilidades de Nueva EPS, la Ipsi Supula y las secretarías de Salud municipal de Uribia y departamental de La Guajira, en el marco de sus respectivas competencias. Asimismo, anunció que se está fortaleciendo el trabajo articulado de la Red de Controladores con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Para ello, se han reactivado espacios de coordinación y se participará en los mecanismos de información consolidada que facilite el seguimiento y permita avanzar de manera coordinada en las actuaciones. Finalmente, la superintendente señaló que se trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Salud y Protección Social y las autoridades departamentales y municipales en la construcción del nuevo modelo de aseguramiento y prestación de servicios de salud en La Guajira, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y avanzar en la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. La Sentencia T-302 de 2017, eje del seguimiento a la salud de la niñez wayuú La sesión técnica ante la Corte Constitucional se desarrolló en el marco del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que constituye una referencia judicial para la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuú en La Guajira. En este escenario, la Superintendencia reconocióque el cumplimiento de los indicadores del plan no elimina la necesidad de adoptar acciones adicionales para responder a las situaciones que afectan el acceso y la calidad de la atención en salud. Por ello, la entidad puso el énfasis en acelerar las investigaciones administrativas, fortalecer el intercambio de información con los organismos de control y avanzar en la construcción de un modelo de atención que responda a las necesidades del territorio. Los próximos pasos estarán relacionados con el avance de los procesos administrativos pendientes, el seguimiento a las actuaciones por el fallecimiento de la menor en Uribia y la coordinación entre las autoridades responsables de garantizar los servicios de salud. La Superintendencia señaló que estas medidas buscan fortalecer la respuesta institucional y contribuir a que el derecho fundamental a la salud de los niños y niñas wayuú se traduzca en una atención efectiva y oportuna.
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