Conflictos sociales en el sector minero-energético aumentaron un 46%. Indígenas reclaman consulta previa en proyectos eólicos y solares en La Guajira

"Indígenas reclaman consulta previa en proyectos eólicos y solares en La Guajira"

"Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis"

Fuente: Diario del Norte

"Conflictos sociales en el sector minero-energético aumentaron un 46%"

NACIONAL: El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer el informe de conflictos socioambientales en el sector minero–energético registrados por la entidad durante el 2023 en el territorio nacional. 

“En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, nuestra Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social registró el año anterior un aumento del 46 por ciento de eventos, cuando se presentaron 130, en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 89”, dio a conocer el Defensor del Pueblo de los colombianos. 

Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios (33%), conflictos ambientales (32%), regulación, formalización y control de actividades mineras (11%), presencia e inversión estatal (8%), múltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8%), respeto de los derechos a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de proyectos minero-energéticos (7%), otros (1%). 

En La Guajira, el documento centra su análisis en los conflictos que han surgido por las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares. 

“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero–energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y las comunidades vulnerables, además de los habitantes de distintos territorios”, manifestó Carlos Camargo Assis.