Luego de las explosivas declaraciones dadas por el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), Sneyder Pinilla, quien afirmó que entregó $4.000 millones en efectivo a los presidentes de Senado y Cámara para que aprueben las reformas del Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro se pronunció. El exfuncionario aseguró que el dinero para Iván Name fue recibido por Sandra Ortiz, la actual Consejera Presidencial para las Regiones, quien supuestamente fue designada como mensajera; mientras que la parte para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, se la entregó personalmente en su apartamento en la ciudad de Montería. A Sandra Ortiz, la actual Consejera Presidencial para las Regiones, el presidente Gustavo Petro ya le habría apartado del cargo mientras avanzan las investigaciones. También dejaría su cargo Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, quien también salió salpicado. En su cuenta de X el mandatario escribió: “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi Gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie, funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”. Antes de esa declaración, desde la Presidencia de la República emitieron un comunicado de prensa, en el que aclaran que el presidente Gustavo Petro reafirma su firme postura de tolerancia cero frente a los actos de corrupción. Agrega que por este motivo, el jefe de Estado ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Además, se anuncian una serie de medidas “que pretenden identificar, documentar y enfrentar cualquier indicio de corrupción para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía”. La misión de dicha Mesa, sería “deslindar responsabilidades y asegurar que los recursos de la Ungrd se empleen de manera eficiente y honesta”. Se enfatizó en el interés en que esta investigación se desarrolle con la mayor celeridad y rigor posible, para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. El comunicado además precisa que se contará con participación de “la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información”. Y que otras entidades como “la Procuraduría General y la Contraloría General acompañarán la iniciativa, para garantizar la independencia y competencia en la supervisión y control de las actuaciones gubernamentales”.
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