"Cristhian Camilo López, Contralor Delegado Sectorial de la Unidad de Seguimiento de Regalías, asignado a La Guajira" |
Fuente: Diario del Norte
"Con incidencias penales, fiscales y administrativas. Contraloría General advirtió hallazgos por valor de 42 mil millones de pesos en obras en La Guajira"
Por
irregularidades en obras ejecutadas con recursos de regalías, la Contraloría
General de la Nación, alertó sobre una serie de hallazgos en los municipios de
Riohacha, Uribia, Albania, Hatonuevo, la Universidad de La Guajira y la Gobernación.
Cristhian Camilo López, Contralor Delegado Sectorial de la Unidad de Seguimiento de Regalías, asignado a La Guajira, explicó que fueron cinco hallazgos por un valor total de 42 mil 163 millones de pesos, tres beneficios de auditoría por un valor total de $ 23.398 millones de pesos, para un total de hallazgos fiscales por valor de $64.080 millones de pesos, de los cuales 3 tienen posible incidencia penal, por un valor total de $ 31.730 millones de pesos.
La primera
de las observaciones realizadas por el ente de control tiene que ver con el proyecto
para la Construcción de la Terminal de Transporte de categoría IV en el
municipio de Uribía, por un valor total de $7.944 millones de pesos.
Resultado del análisis realizado por la – CGR –, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $7.564 millones de pesos.
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Lo anterior,
producto del uso ineficiente e ineficaz de los recursos del – SGR – en la
construcción de una infraestructura que no cuenta con la aprobación y
habilitación necesaria para entrar en operación, lo cual ha ocasionado que
después de más de 5 años y 2 meses de haber suscrito el acta final de ejecución
de obra exista una obra de ingeniería civil que no está funcionando, que no
presta el servicio para el cual fue contratado, y que no está aportando los
beneficios técnicos, económicos y sociales a la comunidad.
La segunda
observación tiene que ver con el proyecto de Construcción y puesta en marcha
del sistema integral de acueducto y abastecimiento de agua potable en el
corregimiento de Camarones Riohacha, por un valor total de $12.102 millones de
pesos.
Aquí, la
Contraloría encontró que 7 años después de haber iniciado el contrato de
construcción del acueducto, y 1 año y 7 meses después de la entrega y recibo
final, la infraestructura se encuentra abandonada e inoperante, y que no se ha
cumplido el objetivo de garantizar una fuente de agua potable constante y de
calidad, ni dar una cobertura real en la prestación del servicio de
alcantarillado a la población del Corregimiento de Camarones.
El documento
expone en detalle una serie de fallas en la planeación, formulación,
viabilización y aprobación del proyecto, donde se desconocieron las
características de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados
con recursos del – SGR – referidas a la pertinencia, viabilidad, sostenibilidad
e impacto de las que habla el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, por lo que se
presenta una observación con presunta incidencia administrativa, disciplinaria,
fiscal y penal de $11.837 millones de pesos, equivalentes a la totalidad de los
$ 10.858 millones pagados al contratista y los $ 979 millones pagados al
interventor.
En tercer lugar, se presenta un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.697 millones de pesos, por deficiencias en el desarrollo del proyecto de Asistencia técnica y desarrollo social dirigida a los pequeños y medianos caficultores de la frontera colombo venezolana, Serranía del Perijá, departamento de la Guajira, y cuya ejecución estaba a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros.
El documento
pone de manifiesto que el contrato no se ha ejecutado a cabalidad por parte de
la Federación, pues, cinco años después de su inicio, no se han adelantado
todas las actividades que este preveía y, por ende, no existe un claro
beneficio para la comunidad.
Adicionalmente,
el ente de control señala que las suspensiones del contrato han tenido como
causa la falta de planeación financiera, pues es claro que desde el inicio no
se presupuestaron los recursos suficientes para garantizar la contratación y el
pago efectivo de la interventoría del contrato.
Finalmente,
se presentaron dos hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y
penal; uno por valor de $12.328 millones de pesos, relacionado con un incumplimiento
contractual por parte de la Universidad de la Guajira en la ejecución del
contrato en modalidad de convocatoria, cuyo objeto es el estudios de maestría
dentro y fuera del país para profesionales en el departamento de la Guajira.
Entre otros
aspectos, no se evidencia que exista una efectiva retroalimentación de los
profesionales beneficiarios de este programa al Departamento de La Guajira.
El último
hallazgo tiene que ver con la Construcción de las obras de protección contra
inundación de la estación de bombeo de la urbanización Lomas de Trupillo, en el
distrito de Riohacha.
La
urbanización Lomas de Trupillo, forma parte del proyecto de 1.000 viviendas
gratis entregadas por el Gobierno Nacional y desarrollado mediante acuerdo
entre el Ministerio de Vivienda, La Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La
Guajira, con el fin de beneficiar a 300 familias.
A través de
este contrato, se pretendía disminuir el nivel de inundaciones en el sector de
la estación elevadora del barrio Lomas del Trupillo y barrios que conforman la
comuna 10 del distrito de Riohacha.
La ejecución
del contrato se ha visto afectada por siete suspensiones desde Diciembre del
2017 hasta Septiembre del 2019, presentando un retraso de ejecución,
liquidación y entrega de la obra de más de 26 meses. Por esta razón, el ente de
control determinó que había lugar para una observación administrativa con
presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.253 millones de
pesos.
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