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| "Sede del ICBF en La Guajira" |
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| "Un juez de Control de garantías de Bucaramanga ordenó recluir a tres de los primeros procesados por el presunto desfalco al ICBF en La Guajira" |
Tomado por El Tiempo
Un juez de control de garantías de Bucaramanga ordenó este lunes recluir en prisión a tres de los primeros procesados por el presunto desfalco al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira, donde el fin de semana fueron capturadas por estos hechos 15 personas.
Tras conocer las evidencias de la Fiscalía, el juez les impuso medida de aseguramiento de detención intramural por cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado por crear cupos falsos para beneficiarios existentes.
La medida cobijó a de María Hernández Roys, servidora del ICBF y supervisora de los contratos; Yiseth Fince, contadora de la fundación ‘Un Mejor Vivir’, y quien, al parecer, realizaba los giros sin que el dinero llegaran a los beneficiarios; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de alimentos y Robinson Román Dávila, creador de la fundación que fue puesto en libertad porque al momento de la captura su nombre fue diligenciado de forma incorrecta.
Según la investigación, éstas personas, al parecer, habrían participado en el millonario desfalco de 2.217 millones de pesos al ICBF de La Guajira en contratos realizados este año para la atención integral de la primera infancia, niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes.
Con los supuestos contratos se buscaba brindar desayuno, almuerzo y refrigerio a los menores de La Guajira, uno de los departamentos con mayor índice de desnutrición en el país.
Con 106 contratos se pretendía beneficiar a 27.000 usuarios con refrigerios, charlas y un mercado familiar mensual para las familias y también desayunos, almuerzos y refrigerios para niños menores de 5 años.
Sin embargo, tras investigar varias denuncias, la Fiscalía encontró que uno de los operadores, conocido como fundación ‘Un Mejor Vivir’, con el que el ICBF celebró dos contratos en el 2015 por valor de más de 5.000 millones de pesos cada uno, cobraba de manera fraudulenta esos dineros por servicios no prestados. Esto, porque se estableció que creaba falsos cupos de beneficiarios inexistentes.
Por ejemplo, se encontraron los registros de 304 niños de los que no se pudo comprobar su existencia pues no se encontraba información en la Registraduría Nacional.
La Fiscalía halló firmas alteradas que supuestamente respaldaban los cobros por los refrigerios y servicios de transporte, lo que significó un fraude de 695 millones de pesos solo para este punto. Además se evidenció un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo por 1.500 millones de pesos.
Sigue audiencia de 11 capturados
En el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, situado en el Palacio de Justicia, continuará este lunes la audiencia de legalización de captura de 11 personas que fueron capturadas por orden de un juez de control de garantías de Floridablanca (Santander), a petición de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Guajira, por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Albania (La Guajira), durante el año 2011, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control del departamento las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Yan Keller Hernández Herazo.
En desarrollo de la investigación sobre contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania por un valor de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.
Sin embargo, al parecer, fueron ejecutados parcialmente sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos.
También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores que subcotrataron con aproximadamente 1.500 personas para la ejecución del contrato.
Entre los capturados se encuentran dos servidores públicos, que habían estado en el periodo de los convenios y nueve personas particulares que subcontrataron para la coordinación de los subprogramas.
Los últimos, presuntamente, recibieron 1.200 millones de pesos para dictar charlas y visitas y el dinero fue entregado a las 150 personas que cada uno había subcontratado, sin verificar el perfil y la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas.
Entre los contratados había albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros; es decir personas con la capacidad de votar en dicho municipio, detectándose un aparente trasfondo político.
La Fiscalía, que solicitó a un juez de control de garantías en Bucaramanga detención intramural a los detenidos, imputó cargos en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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