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| "Rafael Pardo, Alto Consejo para el Posconflicto" |
Fuente Diario del Norte
“Las zonas de concentración o de ubicación tienen las características de que ahí no operan las ordenes de captura. Por fuera de la zona si operan, salirse de ahí implica que la persona queda a la merced de la justicia ordinaria"
Rafael Pardo, Alto Consejo para el Posconflicto, aseguró que
aquellos guerrilleros que se salgan o escapen
de las zonas de concentración quedan automáticamente a disposición de la
justicia ordinaria y pierden los beneficios que los acogerían en la
Jurisdicción Especial para la Paz.
Pardo explicó en La W Radio “que las zonas de concentración
o de ubicación tienen las características de que ahí no operan las ordenes de captura. Por fuera de la
zona si operan, salirse de ahí implica que la persona queda a la merced de la
justicia ordinaria y no quedan cubiertas por lo que es la justicia
transicional”.
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Esta precisión la hizo Pardo por el reciente escape que se
presentó en la zona de concentración de Mesetas por parte de un menor que había
sido reclutado por las – Farc – y decidió por sus propios medios regresar a su
hogar en Villavicencio.
De esta manera, dijo el Alto Concejero que en su caso
“siendo un menor es considerado una víctima del conflicto, no se le considera
una persona que ha cometido un delito si
no que es víctima de él”, pero fue enfático en repetir que “si son mayores
quedan sometidos a la justicia ordinaria y no quedan en la justicia
Transicional”.
Pardo fue cuestionado sobre la “falta de control” que ese
escape representa, es decir si funcionan a cabalidad los anillos de seguridad
que están a cargo de velar por la movilización de los milicianos de las Farc a
las zonas veredales y así es sencillo migrar de allí.
“No sé si fue sencilla (la salida del menor), ni usted
tampoco. Lo que le digo es que siendo menor es una víctima de un delito” y los
anillos” deben estar funcionando, eso es una responsabilidad de la Fuerza
Pública y del mecanismo Naciones Unidas”.
Pardo también hablo sobre la decisión del Gobierno Nacional
de inhabilitar 490 kilómetros de vías ilegales dentro del Parque Natural
Los Picachos, utilizadas para ejercer
minería ilegal, cultivos ilícitos, trasporte de ganado ilegal y extracción
ilícita de yacimiento mineros.
