Construcción de la Institución Educativa Silvestre Dangond tiene en líos a otros funcionarios de la Gobernación. Pliego de cargos contra Roger Mario Romero Pinto

"Institución Educativa Silvestre Dangond en el municipio de Villanueva"

Tomado por Diario del Norte

Por posibles irregularidades en el contrato para la construcción de la escuela Silvestre Dangond, la  Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Roger Mario Romero Pinto, secretario de Apoyo a la Gestión de La Guajira, encargado de las funciones de gobernador para la época de los hechos.

Se trata del contrato para la construcción de la primera etapa de la nueva sede de la Institución Educativa Silvestre Dangond del municipio de Villanueva, La Guajira, el cual se habría suscrito sin advertir que en él se involucraron actividades de dotación y suministro de computadores, textos y útiles escolares (entre otros) que no guardan relación con la naturaleza misma del contrato de obra.

El pliego de cargos señala que en los estudios previos a la licitación no se tuvo en cuenta el análisis de la conveniencia, el objeto ni las especificaciones del componente de dotación y esto habría impedido dar a conocer el verdadero alcance del objeto contractual. 

"La  Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Roger Mario Romero Pinto, secretario de Apoyo a la Gestión de La Guajira"

De otra parte, la Procuraduría General de la Nación cuestiona a Romero Pinto porque al parecer suscribió el cuestionado contrato sin contar con pliegos de condiciones claros y completos, con lo cual se habrían desconocido los principios de transparencia y responsabilidad que gobiernan la actividad contractual.

En consecuencia, dice la Procuraduría, “otras personas interesadas en contratar el componente de dotación no tuvieron la oportunidad de participar en la contratación que se cuestiona, dado que la publicidad que se le dio a los estudios previos tan solo incluía el componente de obra, omitiendo totalmente el componente de dotación”.

Asimismo, la Procuraduría añade que “ello se reflejó en el proceso licitatorio adelantado por la Gobernación, que fue presentado y publicitado como un contrato de obra sin que, además, se tenga certeza de cómo pudo obtener la información para presentar la oferta el único participante, si ni en los estudios ni en los pliegos se incluyó lo referente a dotación”. 

Según la Procuraduría, con esta última conducta reprochada al entonces gobernador, habría violado el principio de transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, pues el pliego debe determinar desde un comienzo las condiciones claras, expresas y concretas, así como las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a las que se someterá el correspondiente contrato. 

Otros funcionarios: Es por ello que la Procuraduría ordenó investigar la conducta de Dámaso Parodi Caicedo en su calidad de director de Infraestructuras y Vías; de Yubitza de Jesús Pimienta Quintero, secretaria de Obras Públicas y Vías para la época de los hechos, quienes participaron en la elaboración y aprobación de estudios previos del contrato 379 de 2013; y el señor Abel José Carrillo Soto, en su calidad de jefe de la Unidad de Contratación Estatal, como responsables de los estudios previos del contrato y de la asesoría de la suscripción del contrato, respectivamente.