La deuda con Caracolí es del Estado, no de Zoraida Salcedo

"Zoraida Salcedo, directora del Incoder en el departamento de La Guajira"

Tomado por Diario del Norte/ Fotografia Didier Hernández/ Twitter@villanueva24h

No es Zoraida Salcedo la responsable de indemnizar y ejecutar obras complementarias en todas las poblaciones que se encuentran dentro del eje de la represa del Ranchería. 

Esto debe quedar claro entre todos los ciudadanos guajiros, sobre todo entre quienes desean aplicarle un tinte político a la problemática que desde hace mucho tiempo tienen los habitantes de Caracolí.

La deuda social con la zona de injerencia de la represa del Ranchería la tiene el Incoder y por ende el Estado colombiano. Lógicamente, Zoraida Salcedo es la directora territorial de este organismo en la península y debe liderar algunos procesos en la región, especialmente todo lo que tiene que ver con los efectos que ha generado la construcción de la gigantesca mole de concreto, que se ha convertido en un verdadero elefante blanco, denunciado por el propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, a quien, al parecer, le llamaron la atención, y luego cambió el discurso, de un voluminoso rumiante a un inofensivo proyectico construido para darle un contentillo a una comunidad de olvidadizos guajiros.

Queremos hacer esta reflexión, porque notamos que en algunos sectores quieren dejarle las cargas de la responsabilidad en manos de esta funcionaria, quien, antes por el contrario, ha venido poniendo la cara a todos los problemas colaterales que ha generado la construcción de la presa El Cercado.

Es hora de que nuestros congresistas, Jorge Ballesteros, Alfredo Deluque y Jimmy Sierra, saquen la casta guajira y comiencen a exigirle, no a pedirle, al gobierno de Juan Manuel Santos, no solo la terminación del proyecto en todas sus etapas, sino cumplir con el resarcimiento económico a todas las personas que de una u otra forma han sido afectadas en sus bienes por la ejecución de la obra.

Eso ha ocurrido en todo el país cuando se trata de obras de esta naturaleza, donde el Estado tiene que indemnizar a quienes se sienten afectados por obras de desarrollo. La Guajira no puede ser ajena a este tipo de procedimientos.

Los habitantes de Caracolí, de forma justa, vienen reclamando un sistema de electrificación diferente a la planta diésel, que, además de lo costoso de su operación, no garantiza la continuidad de un servicio. Ellos exigen que se instalen redes a través de una interconexión eléctrica con el campamento de El Cercado. 

Nosotros vamos más allá. No es justo que estemos haciendo un vertimiento diario de por lo menos 10 metros cúbicos de agua, que baja rauda y con fuerza, la cual puede fácilmente convertirse en fuerza hidráulica para generar como mínimo unos 7 megavatios, suficientes para energizar toda esa región, a precios más baratos que los que tiene la energía que comercializa Electricaribe.

Creo que la gente de Caracolí, con sus líderes, debe exigir que se instale una hidroeléctrica en El Cercado. Ya existen las condiciones, solo falta que se acondicionen las maquinarias. Esa debe ser la lucha, que sumada a las otras peticiones tienen que hacer los habitantes, no de Caracolí, sino de todo el departamento.