26 de julio de 2010

“Como arroz” crecen construcciones de rampas en Villanueva

Por: Didier Hernández

Las demandas presentadas en ejercicio de acciones populares prevista en la ley 472 de 1998, han generado un verdadero caos urbanístico en Villanueva, debido a las construcciones de rampas de acceso por todas partes sin que cumplan las más mínimas normas técnicas, para el beneficio de los discapacitados en esta parte del departamento de la Guajira.

Además, como en muchos sectores del municipio, no existe un andén óptimo los particulares temerosos de condenas en las sentencias judiciales, están construyendo y modificando el espacio público sin ninguna autorización previa por parte de las autoridades competentes respectivas. Es tal el despelote que por ejemplo en la imagen se observa una rampa que permite el acceso a un local comercial pero que resulta totalmente inútil porque el bordillo a su vez no permite utilizarla.

Hablan los afectados

Fabián Enríquez, administrador de unos de los almacenes afectados de razón social “El Rey del Vacile de la Moda” quien denuncia estos atropellos indicó que estas demandas entabladas por estas personas son de mucha arbitrariedad donde estas acciones populares busca solamente beneficios propios mas no para las personas discapacitadas que realmente los necesitan, donde solamente están pendiente a tener un beneficio económico y no están pendiente a lo que en necesitan las rampas en los sitios establecidos.

Otro de los afectados por estas lluvias de demanda es Alexander Sánchez quien es el propietario de la compraventa la Única quien manifestó a cerca de la aplicación de la ley 361 donde es una ley que impulso el senador Clopatosqui el cual es discapacitado donde precisamente es eta ley que defiende sus derechos, cosa que nos parece plausible y extraordinario que se piense en esta población que se encuentra en inferioridad de facultades para valerse, pero lo que rechazamos nosotros los comerciantes categóricamente y las diferentes entidades es que se quiera utilizar estas normas y se quiera utilizar a los discapacitados para extorsionar de manera legal al comercio imponiendo unas multas que van desde 10 a 150 salarios mínimos y de alguna manera presionándonos para que estas rampas se hagan.

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