José Amiro Morón fue condenado a 180 meses de prisión por fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante, tras la revisión de la sentencia de primera instancia.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha revocó parcialmente la decisión de primera instancia y aumentó a 180 meses de prisión, equivalentes a 15 años, la condena contra el exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón Núñez, por hechos relacionados con las elecciones territoriales de 2015.
La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Penal al resolver los recursos de apelación presentados tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia emitida en abril de 2025 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva.
En primera instancia, Morón Núñez había sido condenado a 100 meses de prisión por el delito de fraude en inscripción de cédulas. En esa misma decisión, el juzgado había declarado prescrita la acción penal por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante.
Sin embargo, el Tribunal consideró que el análisis realizado en primera instancia sobre la prescripción de algunos de estos delitos no fue correcto. En particular, determinó que la condición de servidor público que tenía el procesado al momento de los hechos incidía en el cálculo de los términos de prescripción.
De acuerdo con la investigación, entre 2014 y 2015 se habría conformado una estructura destinada a alterar los mecanismos de participación democrática durante las elecciones para la Alcaldía de La Jagua del Pilar. Entre las conductas investigadas estuvo la inscripción irregular de cédulas de ciudadanos provenientes de municipios como Valledupar, Villanueva y Urumita.
La investigación también señaló la presunta entrega de dinero y otros beneficios con el propósito de obtener votos a favor de la candidatura de Morón Núñez para el periodo 2016-2019.
Tras revisar las pruebas testimoniales y documentales, el Tribunal determinó que existían elementos suficientes para mantener la responsabilidad penal por el delito de fraude en inscripción de cédulas.
Asimismo, la corporación revocó la decisión que había declarado prescritos los delitos de corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante, al establecer que el término de prescripción había sido calculado de manera equivocada por el juzgado de primera instancia.
En cuanto al delito de concierto para delinquir, el Tribunal confirmó la extinción de la acción penal por prescripción, aunque precisó que esta se produjo en una fecha diferente a la establecida inicialmente.
Con esta decisión, la condena contra el exalcalde de La Jagua del Pilar pasa de 100 a 180 meses de prisión, en un proceso relacionado con la presunta alteración de los mecanismos democráticos durante las elecciones territoriales de 2015.
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