C on la participación de más de 220 personas, finalizó la audiencia pública ambiental sobre el proyecto minero Cañaverales, promovido por la empresa Best Coal Company (BCC) y organizada por la autoridad ambiental Corpoguajira. La convocatoria fue impulsada por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y Censat Agua Viva. Durante más de ocho horas, 226 personas alzaron su voz para exigir que se niegue la licencia ambiental al proyecto carbonífero. La audiencia reunió a comunidades de municipios como Riohacha, Fonseca, Hato Nuevo, Barrancas, El Molino, Albania y Valledupar, así como a representantes de pueblos wayuú, afro y wiwa. El mensaje fue claro y reiterado por múltiples voces: La Guajira no necesita más carbón, sino agua limpia, retorno a la agricultura y condiciones dignas para la vida. En un balance conjunto, las organizaciones convocantes señalaron que el proyecto minero es inviable desde el punto de vista técnico, jurídico, social y ambiental. “Tanto los expertos intervinientes como las comunidades han solicitado a Corpoguajira evaluar con rigurosidad este expediente y, en muchos casos, han pedido de manera explícita negar el licenciamiento. La Guajira necesita alternativas productivas, no más extractivismo”, expresó Jenny Ortiz, del Cinep. Las intervenciones técnicas de las organizaciones evidenciaron impactos estructurales que no han sido mitigados por la empresa. El Cinep documentó deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, irregularidades administrativas y la omisión de la consulta previa a comunidades indígenas, con afectación directa a nueve comunidades étnicas. El Cajar advirtió que la delimitación del área de influencia del proyecto no contempla los verdaderos alcances territoriales ni las rutas de transporte e hizo énfasis en los antecedentes de sanciones internacionales contra el Grupo Yildirim, matriz de BCC, por violaciones ambientales y laborales en Turquía, Albania y EE. UU. Por su parte, Censat Agua Viva alertó sobre el desvío de acequias, pérdida de conectividad ecológica entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada, y el intento de compensar las afectaciones interviniendo la misma reserva que debería ser protegida. “El proyecto fragmenta el territorio, afecta la soberanía hídrica y amenaza la pervivencia étnica de los pueblos que lo habitan”, afirmó Valeria Sosa, abogada del Cajar. Para Luisa Pedraza, de Censat, el modelo extractivo “legitima el despojo ambiental bajo el lenguaje de la compensación”. También participaron organizaciones como Aida, Terrae y la Universidad Industrial de Santander (UIS), que expresaron reparos técnicos sobre el modelo hidrogeológico propuesto, la omisión del análisis de metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, y la aplicación inadecuada del test de proporcionalidad en zonas étnicas. Durante la instalación de la audiencia, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa Avendaño, reiteró el compromiso del Gobierno nacional de no firmar nuevos contratos de explotación fósil y recordó la memoria de líderes sociales como Jackeline Romero y Samuel Arregocés. “La Guajira no puede seguir dependiendo únicamente de la minería. Es momento de pensar en un futuro plural, digno y sostenible para las próximas generaciones”, afirmó. Lo que sigue Ahora, Corpoguajira deberá valorar no solo los documentos entregados por la empresa, sino también los argumentos técnicos, los conceptos jurídicos, el conocimiento ancestral y el mandato social expresado en esta audiencia. Las organizaciones convocantes insisten en que existen suficientes razones para negar la licencia ambiental solicitada por BCC en octubre de 2024. La decisión final marcará un precedente para el manejo ambiental del Departamento y para el futuro de los territorios en resistencia frente a proyectos extractivos. La Plataforma ‘La Guajira le habla al país’ llama a seguir visibilizando y respaldando la defensa del agua, el territorio y la vida en esta región históricamente marginada. Corpoguajira El director de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles calificó el evento como histórico, ya que es la primera vez en La Guajira que se realiza una audiencia ambiental y destacó el mensaje que se le envió al país, de que podemos entendernos a pesar de las diferencias. “Fue muy importante la educación ciudadana que hemos tenido en San Juan, la primera audiencia pública ambiental que se desarrolla en el departamento de La Guajira y que está referida al proyecto minero de Cañaverales, una solicitud de licencia ambiental que hizo la empresa BCC a la corporación”, anotó. Explicó que la Corporación, a pesar de su autonomía, ha solicitado al Sistema Nacional Ambiental, a las entidades que hacen parte de este sistema, un acompañamiento para el análisis de la solicitud de la licencia. “Hemos tenido acompañamiento del Servicio Geológico Colombiano, del Ideam, del Instituto Alexander von Humboldt, de Anla, del mismo Ministerio de Ambiente, los cuales han hecho sus aportes. Acá en esta audiencia igualmente han hecho aportes algunos colectivos que defienden los derechos humanos en Colombia, universidades, grupos técnicos, de afro, indígenas, la misma comunidad en general han hecho aportes significativos que van a ser tenidos en cuenta al momento de la evaluación de la propuesta”, enfatizó el director.
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