Fuente: Diario del Norte
JUDICIAL: El Secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez, alertó sobre el grave panorama del sistema carcelario en el Departamento, al denunciar el hacinamiento crítico, las precarias condiciones de las Estaciones de Policía y la insuficiencia presupuestal para garantizar la alimentación y vigilancia de los reclusos, muchos de ellos provenientes de distintas zonas del país.
Durante una entrevista, Velásquez afirmó que los municipios no cuentan con recursos suficientes para asumir la carga que representa la atención a la población privada de la libertad, especialmente aquellos detenidos de manera preventiva (sindicados), quienes actualmente triplican el número de condenados en la región.
El funcionario recordó que, aunque el Departamento aportó el lote para la construcción de un nuevo centro penitenciario en San Juan del Cesar, el problema persiste debido a que no se contempla espacio para sindicados, lo que mantiene saturadas las Estaciones de Policía en municipios como Riohacha y Maicao.
En algunos de estos centros improvisados, relató, existen condiciones inhumanas. “Hay patios tan sobrepoblados que uno de ellos es conocido como "El ahogo", porque ni siquiera cuenta con ventilación”.
Velásquez fue enfático en que La Guajira no puede convertirse en el destino de reclusión para delincuentes de otras regiones, una práctica que, según afirmó, aumenta los niveles de inseguridad en el Departamento, ya que muchos de estos internos traen consigo estructuras delictivas organizadas.
“La cárcel debe ser para resolver primero la situación de nuestro propio territorio”, afirmó. En cuanto a la vigilancia de quienes tienen medida de detención domiciliaria, el Secretario reveló una cifra alarmante: más de 4.060 personas cumplen esta medida, muchas sin brazaletes o supervisión, lo que facilita la reincidencia delictiva.
“No hay personal suficiente para verificar si estas personas realmente están cumpliendo con la medida”, añadió.
Actualmente, más de 180 policías están dedicados exclusivamente a custodiar detenidos en Estaciones, una labor que limita su presencia en las calles, afectando la operatividad de la seguridad ciudadana.
Finalmente, el secretario hizo un llamado al Ministerio de Justicia, al Inpec y al Gobierno nacional para que visiten La Guajira y conozcan de primera mano la magnitud del problema.
Invitó también a los alcaldes y a la sociedad civil a unirse en una sola voz para exigir soluciones estructurales que alivien esta crisis carcelaria que, además de ser un reto logístico, representa un grave riesgo humanitario, fiscal y de seguridad pública.
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