El atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el barrio Modelia de Bogotá mientras ofrecía un discurso político, ha puesto sobre la mesa las limitaciones del sistema judicial colombiano para menores de edad involucrados en crímenes graves. El presunto autor del ataque, un adolescente de apenas 14 años, fue detenido poco después del hecho y se encuentra actualmente bajo custodia, a la espera de una intervención quirúrgica en un hospital del occidente de la capital. Aunque el impacto social del ataque ha sido enorme y ha generado manifestaciones masivas de rechazo a la violencia política, desde el punto de vista jurídico el caso se rige por el Código de Infancia y Adolescencia. Este establece que, pese a la gravedad del delito, un menor de entre 14 y 18 años no puede recibir una condena superior a ocho años, y su pena se cumpliría en un centro especializado para adolescentes. El abogado penalista Francisco Bernate explicó que el proceso legal se desarrolla bajo un modelo de protección y no de castigo, donde lo más importante es la resocialización. Aclaró que, incluso si el menor es hallado culpable del intento de homicidio agravado, no enfrentará penas similares a las de un adulto. No obstante, otros juristas consideran que este tipo de casos debería llevar a una revisión del en-foque actual. El abogado Iván Cancino fue enfático al afirmar que el joven ‘no fue instrumentalizado’, y que sabía perfectamente lo que hacía, por lo que debería enfrentar la justicia con mayor severidad. En contraste, Santiago Trespalacios advirtió que, si bien el menor puede ser sancionado, las investigaciones deben apuntar a los responsables intelectuales del hecho. “El foco no puede quedarse solo en el autor material. Debe esclarecerse quiénes están detrás de esta cadena de criminalidad”, sostuvo. La directora del Icbf, indicó que el joven habría sido utilizado por redes criminales.
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