11 de septiembre de 2016

Denunciarán en la procuraduría al gobernador designado. Tribunal se declaró incompetente para estudiar demanda en contra de Jorge Enriques Vélez García

"Jorge Enrique Vélez, gobernador designado  de La Guajira"
Tomado por Diario del Norte

"El abogado, que se declaró respetuoso de la decisión judicial aunque no la comparte, confirmó que estará solicitando una medida cautelar"


Luego que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira se declaró falto de competencias para entender la demanda contra el gobernador designado. Jorge Enrique Vélez, instaurarán una denuncia disciplinaria en su contra porque está violando   la ley 671, articulo 31, numeral seis, y también el numeral 14 del artículo 35  de la ley 734 del 2002 o Código Disciplinario.

Cabe anotar que el tribunal se declaró incompetente para resolver la demanda de nulidad simple impetrada por el abogado Jaime Peralta Brito contra el presidente de la Republica, Juan Manuel Santos ,por el decreto donde designa a Jorge Enrique Vélez como gobernador  de  La Guajira, porque está violando el numeral seis del artículo 31 de la ley 671, que tiene y  está relacionado con el régimen de incompatibilidad  de los gobernadores, en el cual se establece que aquellos que sean designados no podrán desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.

El abogado, que se declaró respetuoso de la decisión judicial aunque no la comparte, confirmó que estará solicitando una medida cautelar, y es la suspensión del acto de designación porque se está violando flagrantemente una ley superior.

Aseguro que inicialmente acudirá a la procuradora regional  de La Guajira, pero además remitirá copia a la Procuradora general de Nación, Alejandro Ordóñez, para que ordene una vigilancia  a la denuncia especial contra el gobernador dedignado, Jorge Enrique Vélez.

Explico que sin conocer el acto, no comparte la decisión  del Tribunal de declararse incompetente para conocer de la demanda de nulidad, porque el artículo  152 del Código Contencioso Administrativo  dice que es competencia de los tribunales administrativos en primera instancia conocer la nulidad del acto de nombramiento de los empleados público del nivel directivo o su equivalente, efectuado por autoridades del orden nacional.

Peralta Brito aseguró que está actuando como lo indica la ley, porque se ha dedicado a estudiar la situación y tiene claro que efectivamente existe una flagrante violación a la Constitución.

Aseguró que espera que la Procuraduría regional atienda su queja y la pueda absolver en el menor tiempo posible.
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