Tomado por Diario del Norte
El Contralor
General de la República, Edgardo Maya Villazón, lanzó una preocupante alerta
ante indicios de que los aumentos del cupo subsidiado de combustible en las
regiones fronterizas con Venezuela se estén aprovechando para prácticas de
contrabando técnico, de tal forma que vayan a parar a otras regiones del país,
donde se puedan vender a mayor precio.
Maya
Villazón formuló un llamado especial a los pobladores, y específicamente a los
agentes de la cadena de combustibles líquidos, a actuar con apego a la Ley y
que se comercialicen en las zonas de frontera correspondientes, tal y como lo
dicta la norma, en el entendido que los beneficiarios directos son la población
y la actividad económica de las regiones destinatarias.
Según
un reciente balance del Ministerio de Hacienda, un cupo de 13.3 millones de
gasolina al mes es lo aprobado por el Gobierno Nacional para el departamento
del Norte de Santander, Arauca y La Guajira, departamentos afectados por la
crisis fronteriza con Venezuela. Y para ayudar a estas zonas, se aporta un
subsidio de 2.100 pesos por galón, a fin de que los usuarios paguen una
gasolina más barata.
"Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón" |
El Contralor
pidió a las autoridades que tienen bajo su competencia la inspección,
vigilancia y control de la asignación y uso de este combustible en las zonas de
frontera, estar atentos para evitar que se presenten irregularidades con su
aprovechamiento indebido en zonas no fronterizas, situación que se encuentra
prohibida en la Ley.
“A
la Contraloría le corresponde vigilar el uso correcto de los recursos públicos,
conforme a los principios de eficiencia y, por eso, para enfrentar esta
situación, estamos cerrando frentes con la Superintendencia de Industria y
Comercio, encargada de la vigilancia y control de las Estaciones de Servicio,
con el Ministerio de Minas y Energía, que vigila y controla los demás agentes
de la cadena, y con la fuerza pública”.
Maya
Villazón solicitó la colaboración de los distribuidores mayoristas y
minoristas, el Gobierno Nacional y las administraciones locales, así como de
las entidades que ejercen labores de vigilancia y control, para actuar en
beneficio de las regiones fronterizas, previniendo y evitando que sucedan casos
de contrabando.
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