Juez condenó a 10 años de prisión a uno de los responsables.El departamento perdió más de $1.019 millones a manos de un particular que recibió los recursos de un contratista externo de la Gobernación. Justicia cuestionó al mandatario regional.
"Percatándose de que los recursos no habían entrado a las arcas del departamento, los secretarios de Hacienda de Urumita Roberto Baleta Salas y Villanueva Carlos Emilio Mazziri Daza, denunciaron la irregularidad, lo cual derivó en un expediente en contra de los avivatos y de funcionarios de la propia Gobernación."
"Percatándose de que los recursos no habían entrado a las arcas del departamento, los secretarios de Hacienda de Urumita Roberto Baleta Salas y Villanueva Carlos Emilio Mazziri Daza, denunciaron la irregularidad, lo cual derivó en un expediente en contra de los avivatos y de funcionarios de la propia Gobernación."
En un caso de corrupción aberrante como inexplicable se convirtió el desfalco por parte de un particular al departamento de La Guajira, en una cifra superior a los $1.019 millones, que aunque llevó a la condena del responsable a 10 años de prisión, para el juez de la causa dejó en evidencia que hubo hasta complicidad de los funcionarios de la Gobernación.La historia se inició el 2 de agosto de 2004 cuando el gobernador de entonces, José Luis González Crespo, firmó un contrato de prestación de servicios con el abogado Osvaldo Rogelio Díaz Bermúdez, quien se comprometió a llevar la representación jurídica del departamento con el objetivo de recuperar los recursos dejados de percibir por el ente territorial por el concepto de estampillas.
Una vez tuvo el poder, Díaz Bermúdez visitó varios municipios del departamento y logró que se giraran los recursos públicos a nombre de su empresa, Prodesarrollo, Gestión y Recaudo. Los dineros que debían terminar en poder de la Gobernación pertenecían a las poblaciones de Urumita, Villanueva, Jagua del Pilar, Distracción, Hato Nuevo, Albania, Manaure, Maicao y Uribia, en suma que según la Fiscalía General de la Nación superó inicialmente los $1.800 millones.
Sin embargo, durante la investigación surgió el nombre de otra empresa que terminó apoderándose de un gran porcentaje de los recursos: Prodesarrollo y Turismo EU, cuyo representante legal era René Alfonso Argote Ariño, quien recibió los recursos de parte del abogado Osvaldo Rogelio Díaz Bermúdez. Percatándose de que los recursos no habían entrado a las arcas del departamento, los secretarios de Hacienda de Urumita y Villanueva denunciaron la irregularidad, lo cual derivó en un expediente en contra de los avivatos y de funcionarios de la propia Gobernación.
En su defensa, Argote Ariño aseguró que no recibió los dineros de Díaz Bermúdez sino de otro particular a quien identificó como Rafael Zárate Hitawiskhi, por supuestas negociaciones de compra de vehículos venezolanos. No obstante, la Fiscalía constató que Zárate Hitawiskhi era un invento del contratista Argote porque además de ser imposible su comparecencia al proceso, se determinó que no figura en los archivos de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Durante las averiguaciones del ente acusador también se pudo establecer que en un declaración inicial ante la Contraloría departamental, Díaz Bermúdez dijo que quien lo había recomendado para el trabajo en la Gobernación fue Argote Ariño, aunque luego sostuvo que había sido gracias a las gestiones del inexistente Zárate Hitawiskhi. Asimismo, la Fiscalía determinó la estrecha relación entre Argote y Díaz con base en una declaración entregada por Elfa Cristina Cuesta, ex secretaria de Hacienda del municipio de Distracción. La funcionaria sostuvo que en octubre de 2004 los dos se presentaron en compañía de otros dos hombres manifestando que iban a gestionar el recaudo de los recursos de las estampillas.
Por este caso un juez de descongestión de Riohacha, La Guajira, condenó recientemente a 10 años de prisión a René Alfonso Argote Ariño, quien en el pasado trabajó en la Contraloría Departamental, y al pago de más de $1.019 millones por concepto de multa. En la sentencia el funcionario cuestionó el comportamiento del ex gobernador González Crespo al firmar un contrato para la recuperación de los recursos del departamento con Díaz Bermúdez, a quien luego dijo no conocer. “Fue el señor gobernador de La Guajira la persona que dotó de instrumentos, con los documentos entregados, contrató —y dio— poder al señor Díaz Bermúdez para que se apropiara de las finanzas departamentales”, señaló sentencia.
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